Washington – La congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) defendió hoy ante el Comité de lo Jurídico de la Cámara baja federal su proyecto de ley que persigue llenar un hueco de la ley Promesa y evitar los conflictos de intereses de contratistas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico.
“Los puertorriqueños deben estar seguros de que los asesores de bancarrota de la Junta no tratan de influenciar para favorecer ciertas deudas en las que tienen un interés propio y que garantizan la integridad del proceso que provee Promesa”, indicó Velázquez, al declarar ante una subcomisión del Comité de lo Jurídico.
La legislación obligaría a abogados, contables, consultores y otros profesionales contratados por la JSF a divulgar ante la Oficina del Síndico de Bancarrota del Departamento de Justicia de EE.UU. sus conexiones con deudores, acreedores y empleados de la JSF, antes de poder recibir compensación.
La medida – radicada también en el Senado federal por el demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey) y el republicano Marco Rubio (Florida)-, persigue incluir en la ley Promesa salvaguardas que existen en el código de quiebras federal.
Velázquez sostuvo que la legislación “garantizará al pueblo de Puerto Rico las mismas prácticas de transparencia y divulgación requeridas por ley en los procesos de quiebras de EE. UU.”.
La legislación ha cobrado relevancia después de que el diario The New York Times reveló que una de la subsidiarias de la principal empresa contratista de la JSF, McKinsey, ha tenido inversiones en instrumentos de la deuda pública de la isla.
Aunque McKinsey ha cabildeado en torno a la legislación, con la idea, según un portavoz, de mejorarla, la congresista Velázquez dijo recientemente que la empresa le aseguró que están a favor de la medida. Cuando El Nuevo Día reveló el cabildeo que llevaba a cabo McKinsey, la JSF, sin embargo, admitió que no estaba consciente de esos esfuerzos.
Tras las revelaciones de que la subsidiaria de McKinsey, MIO, tenía inversiones en el gobierno de Puerto Rico, la JSF ordenó un análisis a la empresa Luskin Stern.
En su informe Luskin Stern determinó que los asesores de la junta le hicieron las revelaciones requeridas a los miembros del ente fiscal y que no había intercambio de información con su subsidiaria MIO. Pero, el estudio reconoció que esas inversiones pueden ser problemáticas, pues pueden percibirse como un conflicto.
“Una de las principales recomendaciones en el «Informe Luskin» fue que los proveedores deberían revelar las relaciones con sus subsidiarias y que el que tengan inversiones en la deuda pública de Puerto Rico es particularmente problemático, ya que da lugar a la aparición de un conflicto.Esto es exactamente lo que el proyecto de ley requiere que los contratistas hagan, y por lo que la medida debe convertirse en ley”, sostuvo la congresista demócrata.
La legislación de Velázquez, tiene como coautores, entre otros a la comisionada Jenniffer González y los demócratas boricuas Alexandria Ocasio Cortez, José Serrano y Darren Soto.
