Detenidos cuatro sospechosos de piratear el móvil de Moro en Brasil

Las autoridades brasileñas revelaron el miércoles los detalles de la operación que acabó con la detención, el día anterior, de cuatro sospechosos de hackear los móviles del ministro de Justicia, Sergio Moro, y de Deltan Dallagnol, fiscal estrella de la Operación Lava Jato. Los investigadores de la Policía Federal afirmaron que, aparte de los teléfonos del ministro y de Dallagnol, los presuntos piratas informáticos accedieron a más de mil teléfonos de autoridades de los tres Poderes y periodistas. Los agentes también explicaron que los arrestados son sospechosos de formar parte de una organización que ya cometía delitos de «estafa bancaria electrónica» y «fraude de tarjetas de débito y crédito».

La operación, bautizada como «Spoofing», culminó con la detención del disc jockey Gustavo Henrique Elias Santos, de 28 años, y de su esposa, Suelen Priscila de Oliveira, de 25. De acuerdo con el juez, el matrimonio movió en pocos meses más de 600.000 reales (159.000 dólares), una cantidad que sería incompatible con sus ingresos. El abogado de la pareja, Ariovaldo Moreira, afirmó que sus clientes no tienen ninguna relación con el acceso ilegal a los teléfonos móviles de las autoridades. Aseguró, no obstante, que Gustavo tendría mensajes de autoridades en el móvil de un amigo.

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La operación también acabó con la detención de Cristiano Marques, de 33 años, y de Walter Delgatti Neto, de 30. Este último confirmó a la Policía Federal que participó en el pirateo de los móviles de Moro, Dallagnol y otras autoridades, según ha publicado el periódico brasileño O Globo.

Para el juez federal Vallisney de Souza Oliveira, que desde Brasilia ha expedido las órdenes de arresto, «hay fuertes indicios de que los investigados integran una organización para la comisión de delitos y de que se juntaron para vulnerar el secreto de las comunicaciones telefónicas de varias autoridades públicas brasileñas pirateando la aplicación Telegram». Asimismo, el magistrado escribió en su resolución que «los hechos relatados por la autoridad policial demuestran que los investigados son probables integrantes de una organización criminal y responsables de la comisión de delitos graves».

Sin embargo, en ningún momento ni los investigadores de la Policía Federal ni el magistrado han indicado que haya una relación entre los presuntos hackers, que se encuentran en detención preventiva, y los mensajes que intercambiaron Sergio Moro —el juez que condenó al expresidente Lula da Silva a prisión— y los fiscales de la Operación Lava Jato, obtenidos por The Intercept y divulgados en conjunto con otros medios como Folha de S. Paulo y el semanario Veja. Su contenido, que está publicándose a cuentagotas desde el 9 de junio, expone, entre otras cosas, al por entonces juez Moro orientando a la acusación, algo ilegal según las leyes brasileñas.

Aun así, Moro, que está a cargo de la Policía Federal, usó su cuenta de Twitter para lanzar acusaciones y asociar a los detenidos con los periodistas. «Felicito a la Policía Federal por la investigación del grupo de hackers, así como al Ministerio Fiscal y a la Justicia Federal. Son personas con antecedentes penales, implicadas en varios tipos de delitos. Personas que fueron la fuente de confianza de quienes divulgaron los presuntos mensajes obtenidos delictivamente«, escribió.

Moro había contado que su móvil fue hackeado el 4 de junio durante seis horas, periodo en el que los delincuentes supuestamente tuvieron tenido acceso a sus aplicaciones de mensajería. La primera serie de reportajes de The Intercept se publicó cinco días después. Los periodistas de ese medio no han informado sobre su fuente ni cómo consiguieron los mensajes privados, pero aseguran que recibieron el material semanas antes del día en que Moro dijo haber sido hackeado.

El juez Vallisney de Souza Oliveira detalla que los hackers lograron entrar en el Telegram de las autoridades a partir del «acceso al código enviado por los servidores de la aplicación para la sincronización del servicio Telegram Web». Además, según el magistrado, «Telegram permite que el usuario solicite el código de acceso mediante una llamada telefónica con posterior envío de una llamada de voz que contiene el código de activación del servicio Web, cuyo mensaje se queda grabado en el buzón de voz de las víctimas». Con eso, continua el juez, «el hacker luego realiza varias llamadas al número en cuestión, para que la línea permanezca ocupada y la llamada con el código de activación del servicio Telegram Web acabe entrando en el buzón de voz de la víctima».