Asociación de Hospitales cuestiona el lenguaje de Medicaid de los republicanos del Senado

Washington-  La Asociación de Hospitales de Puerto Rico expresó al senador republicano Charles Grassley (Iowa) sus dudas con el anteproyecto de ley que reduciría los fondos de Medicaid que ha ofrecido un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para financiar el sistema de salud de la isla y le impondría mayores controles al gobierno puertorriqueño.

“Desafortunadamente, el lenguaje propuesto no cumple con la necesidad de garantizar una atención médica de calidad para todos los ciudadanos estadounidenses que viven en o visitan a Puerto Rico”, indicó el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaima Plá, en una carta enviada el 5 de noviembre a Grassley, quien, como presidente del Comité de Finanzas del Senado estadounidense, ha circulado un borrador de legislación en torno a una próxima asignación de fondos de Medicaid para la Isla.

La propuesta de Grassley asignaría al gobierno de Puerto Rico $9,814 millones en fondos de Medicaid durante cuatro años fiscales federales (2020 al 2023), con un 70% de aportación federal por cada servicio financiado por ese programa.

A la misma vez – tras los cargos por corrupción de julio pasado-, establece una serie de controles y auditorías que pudieran reducir hasta en un 35% por el nivel de la aportación federal por servicio de Medicaid.

Un proyecto aprobado en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos propone asignar $12,000 millones durante cuatro años fiscales federales, imponiendo también una serie de requisitos y controles, derivados algunos de la preocupación que levantó los cargos que incluyeron a la ex directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila y los contratistas Fernando Scherrer y Alberto Velázquez Piñol.

La legislación cameral establece una aportación federal por servicio de Medicaid de 83% durante los años fiscales 2020 y 2021, aunque el porcentaje baja a 76% en 2022 y 2023.

“La continuación de los niveles actuales de financiamiento con un FMAP (aportación federal) más bajo, crearía un escenario insostenible para el sistema de salud de Puerto Rico”, indicó Plá en su carta del 5 de noviembre al senador Grassley.

Plá sostuvo que por medio de la legislación cameral los proveedores de salud recibirían, por vez primera desde 2011, un aumento en las tasas de reembolso. Indicó que debe tenerse en cuenta que los hospitales de Puerto Rico reciben un reembolso que es más de la mitad más bajo del que obtienen instituciones hospitalarias en Estados Unidos.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales reconoció que se requieren nuevas medidas para asegurar la integridad del uso de los fondos de Medicaid, pero mantuvo que los apartados del borrador de legislación de Grassley que permiten reducir las asignaciones, si no se cumple con ciertos requisitos, serían perjudiciales “para la estabilidad financiera que impide a los proveedores mejorar los servicios, equipos e instalaciones”.

“La propuesta alternativa ofrecida por la Cámara promueve niveles de financiamiento y una (aportación federal) que le permite a Puerto Rico invertir en su atención médica y atiende la falta de cobertura de beneficios obligatorios claves, como los servicios médicos que no son de emergencia, como la transportación, los servicios de salud en el hogar y de enfermería”, subrayó Plá.

En momentos en que el sistema de salud de Puerto Rico puede caer en un abismo fiscal, tan pronto como en marzo, debido a la falta de fondos de Medicaid, la próxima asignación puede depender de un acuerdo en el Congreso sobre el presupuesto del año fiscal federal, que comenzó el 1 de octubre.

El liderato del Congreso ha indicado que planifica aprobar la semana próxima otra resolución temporal de presupuesto, que puede prolongar la incertidumbre sobre la próxima asignación de fondos del programa Medicaid para Puerto Rico.

La resolución de presupuesto actual, que ha mantenido prácticamente desde el 1 de octubre el mismo nivel de gastos del pasado año fiscal federal -que terminó el 30 de septiembre-, vence el 21 de noviembre. No está claro hasta cuando sería la nueva extensión del presupuesto vigente, pero la intención inicial es que dure por lo menos hasta mediados de diciembre.