Comerciantes venezolanos preocupados por pérdidas en medio de la pandemia de la COVID-19

A medida que el coronavirus continúa expandiéndose en Venezuela, miles de pequeños negocios del país se han visto severamente afectados por la pandemia, y muchos se han visto obligados a cerrar debido a la cuarentena.

Los que se mantienen abiertos al público, aseguran que luchan por vender algo y afrontan un gran riesgo, como afirmó a la Voz de América el joven empresario Francisco Arias, dueño de una distribuidora de huevos.

“Es muy duro porque aparte de que hay que tener la logística para mantenerse prevenido para el coronavirus, estamos trabajando medio día, el transporte para los trabajadores es super difícil, así tengan el salvo conducto, te ponen peros a veces, y aparte de eso llegar a la casa es un tema. No es salir, es llegar sabiendo que puedes estar infectado, eso es lo más difícil”, explicó Arias.

María Lozada, propietaria de un abasto de productos básicos, señala que el desabastecimiento está incrementándose a medida que transcurren los días de confinamiento.

“De verdad que es bastante problemático, no solo para mí, para todos, en general. Para la gente que no puede generar un sueldo, y para nosotros que tampoco nos podemos trasladar para conseguir mejores precios en la mercancía. Hay menos venta y menos mercancía, se consigue menos, afecta a todo, fue algo tan de repente que uno no lo esperaba”, relató la comerciante.

El gobierno en disputa, por su parte, informó que intenta mitigar el impacto de la crisis con el pago de asistencia de salario, así como la prohibición del corte de los servicios públicos por deuda.

“Ya hemos recibido más de 300 empresas que han cargado la lista de sus trabajadoras y trabajadores, e inmediatamente iniciaremos el depósito de bono complementario de la nómina. Hemos entregado ya a más de 9 millones de personas a través del carnet de la patria los bonos correspondientes al mes de marzo”, indicó el funcionario.

El vicepresidente para la Economía, Tareck El Aissami, anunció además la suspensión del pago de capital e intereses de los créditos comerciales, por un período de seis meses.