Brote de COVID-19 afecta a familias migrantes en centro de detención en Arizona

Tucson, Arizona Por lo menos un niño migrante y una mujer que forman parte de un grupo de 28 menores y sus familias que han pasado más de un año y medio en detención dieron positivo a la prueba de COVID-19 en el Centro de Detención Familiar de Dilley, en el sur de Texas, lo que ha prendido la alarma entre grupos que los representan.

“Estos son dos de los casos que tenemos confirmados. No sabemos exactamente cuántos podrían estar infectados”, dijo a Efe Allison Herre, abogada del Proyecto Pro-bono Dilley, quien representa a las familias.

Indicó que por lo menos un niño de ocho años originario de un país centroamericano dio migrantes positivo esta semana en la prueba de COVID-19, lo mismo que una mujer que forma parte de las familias que se encuentran en peligro de deportación y a quienes se les ha negado el derecho de presentar sus casos de asilo.

Lo que más alarma a Herre es que, de acuerdo con los relatos de los migrantes, por varios días ellos pidieron asistencia médica debido a que el menor presentaba síntomas relacionados con COVID-19, pero sus peticiones no fueron escuchadas hasta días después cuando dio positivo a la prueba.

Mientras tanto el menor estuvo en contacto con otros niños y adultos en el centro, lo que ha puesto en peligro de contagio a más personas. Ahora tras dar positivo, los contagiados se encuentran en cuarentena.

“Nuevamente nos damos cuenta de que las familias migrantes corren un gran riesgo en los centros de detención. Ellos no han traído el virus con ellos; alguien tuvo que traerlo de afuera y el centro falló en su deber de protegerlos”, dijo la abogada.

La semana pasada el grupo Aldea-Centro de Justicia Para la Gente y otras organizaciones denunciaron que 28 niños migrantes y sus familias han pasado más de un año y medio en detención en Texas y Pensilvania, y están en riesgo a ser deportados después que se venciera una orden judicial que los protegía.

Las edades de los niños oscilan entre 2 y 18 años y forman parte de 23 familias originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Chile, Nicaragua, Perú y Haití.

De ellos, 26 se encuentran en Dilley mientras que otros dos están en el Centro Residencial de Berks en Pensilvania.

A las familias no se les ha permitido presentar sus casos de asilo debido a que cuando ingresaron al país aún estaban vigentes normas que implementó la Administración del presidente Donald Trump, incluyendo la política conocida como la del “tercer país”, la cual negaba a los migrantes solicitar asilo en Estados Unidos si no lo solicitaron primero en México.