Washington – Un tercer congresista republicano, John Rose (Tenesí) objetó hoy la aprobación por consentimiento unánime del proyecto de asistencia por desastres, lo que aplazó hasta la semana próxima su ratificación final en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Rose mantuvo que una medida que asigna $19,100 millones debe ser llevada a votación formalmente y no a viva voz.
Como otros de sus colegas, también considera que debe tener una fuente de financiamiento.
Se trató de la tercera ocasión en que algún republicano de la Cámara baja, en medio del receso legislativo, evitó la aprobación por consentimiento unánime de un proyecto de ley tiene el potencial de facilitar el acceso de Puerto Rico a unos $1,400 millones.
“Nos enviaron al Congreso para resolver problemas, no para empeorarlos. Sin embargo, los republicanos de la Cámara de Representantes han retrasado nuevamente el alivio que tanto necesitan las familias y comunidades estadounidenses, incluso cuando los tornados y las tormentas continúan golpeando el Medio Oeste”, indicó, por su parte, la presidenta del Comité de Asignaciones, la demócrata Nita Lowey (Nueva York).
Después de cuatro meses de impasse, la legislación – que atiende principalmente a las jurisdicciones asoladas por desastres en 2018 y 2019-, fue aprobada en el Senado el pasado 23 de mayo, justo cuando el Congreso iniciaba un receso legislativo de 10 días.
Aunque hubo un acuerdo del liderato bipartidista del Congreso y la Casa Blanca para avanzar la medida, para ser aprobada en receso requiere el consentimiento unánime de los representantes federales.
La Cámara baja volverá a reunirse el lunes en la tarde. Entonces se programará la votación formal que han requerido en los últimos días los republicanos Chip Roy (Texas), Thomas Massie (Kentucky) y Rose.
En primer lugar, la legislación asegura la asignación de $600 millones adicionales en fondos de asistencia alimentaria, que permitirán incrementar temporeramente, como se hizo hasta febrero pasado, el acceso al Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
También permite asignar a la isla $304 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR).
El proyecto de ley incluye un lenguaje que clarifica que la intención de la ley bipartidista de presupuesto y asignaciones suplementarias de 2018 fue ordenar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que la reconstrucción de instalaciones públicas críticas en Puerto Rico buscara hacer las estructuras más resilientes, aunque requiere reparar condiciones previas.
La congresista Lowey considera que ese lenguaje puede representarle a la isla aproximadamente otros $500 millones.
El proyecto de ley asigna, a su vez, $5 millones al Departamento de Agricultura de EE.UU. para que estudie el impacto en Puerto Rico de la asistencia nutricional de emergencia.
Aunque la legislación otorga$304 millones en fondos CDBG-DR, incluye un lenguaje que advierte que ese dinero no estará disponible hasta que Puerto Rico logre un acuerdo sobre las obras permanentes que financiará FEMA bajo la sección 428. Ese procedimiento no se completará por lo menos hasta el 11 de octubre próximo.
La medida también ordena publicar en 90 días los requisitos de las subvenciones de fondos de mitigación CDBG-DR. Eso aplicaría a una partida de $8,226 millones – no los $8,900 millones que estimó antes La Fortaleza-, que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés) aún tiene que autorizar para la isla.
Pero la entrega de esos fondos tampoco estará disponible, por lo menos, hasta octubre, pues se condiciona a que FEMA y el gobierno de Puerto Rico hayan acordado todos los estimados relacionados a la 428.
Antes de entregarse el dinero, además, el secretario de la Vivienda federal (HUD) debe certificar que el gobierno de Puerto Rico tiene en su lugar “controles financieros competentes” y procedimientos que eviten “cualquier duplicación de beneficios”.
