Washington – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refirió hoy al Senado estadounidense los nombramientos de los siete miembros actuales de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) e hizo claro que el objetivo es que finalicen su término que vence el 30 de agosto.
La Casa Blanca hizo el anuncio más de un mes después de Trump haber expresado su intención de designar a los integrantes de la junta.
A menos que el Tribunal Supremo de EE.UU. decida revisar el caso sobre la constitucionalidad de los nombramientos del ente fiscal o haya una extensión, el Senado tiene hasta el 15 de julio para confirmarlos, si quiere evitar que la JSF quede inoperante.
La presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales, la republicana Lisa Murkowski (Alaska), había indicado a El Nuevo Día que los nombramientos pasarán por el proceso regular, que incluye una audiencia, una sesión de votación en comisión y el debate en el hemiciclo.
Para eso, el Senado tendrá unas dos semanas y media de sesión, pues estará en receso del 1 al 5 de julio.
En un comunicado de prensa, la JSF agradeció al presidente Trump el haber oficializado sus nombramientos.
El anuncio de la Casa Blanca tiene lugar en momentos en que se prevé que este jueves los nueve miembros del Tribunal Supremo federal discutan si revisan o no la decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales que declaró inconstitucional la forma en que fueron nombrados.
Bajo el calendario del máximo foro judicial estadounidense, se espera que el lunes 24, anuncie si revisa o no la decisión del Primer Circuito. Si decide revisar el caso, la fecha de vencimiento de las acciones de los miembros de la JSF quedaría en suspenso.
Cuando Trump anunció su intención de referir al Senado las designaciones de José Carrión III, Carlos García, Andrew Biggs, David Skeel, Ana Matosantos, Arthur González y José Ramón González, la moratoria otorgada por el Primer Circuito de Apelaciones federales, que declaró inconstitucional la forma en que fueron nombrados originalmente, estaba a unas dos semanas de expirar.
Tras el anuncio de Trump, el Primer Circuito, a base de una solicitud previa de la JSF, extendió hasta el 15 de julio -60 días- el período que tiene la junta para tomar decisiones sin sus miembros haber sido confirmados por el Senado estadounidense.
Todas las partes activas en el caso Aurelius versus la JSF han pedido al tribunal que decida antes de iniciar a finales de este mes su receso y en ese sentido descartado responder a los argumentos más recientes de las partes, como el certiorari presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en favor de revocar la decisión del Primer Circuito de Apelaciones que declaró inconstitucional los nombramientos de los miembros de la JSF, por violar la cláusula constitucional de nombramientos.
En su decisión de mediados de febrero, el Primer Circuito de Apelaciones del 15 de febrero declaró inconstitucional los nombramientos de los actuales miembros de la JSF, por considerarlos funcionarios federales de alto nivel que debieron ser designados directamente por el presidente y confirmados por el Senado estadounidense.
Seis de los siete miembros de la JSF – José Carrión III, Carlos García, David Skeel, Andrew Biggs, Ana Matosantos y Arthur González -, fueron nombrados por el entonces presidente Barack Obama a base de listados de candidatos presentados por los líderes del Congreso, como permite la ley Promesa. El séptimo, José Ramón González, fue nombrado directamente por Obama. Ninguno fue confirmado por el Senado federal.
El gobierno de EE.UU. y la JSF han pedido al Tribunal Supremo que revoque esa decisión.
La Utier y Aurelius, que cuestionaron la inconstitucionalidad de los nombramientos, quieren que el Tribunal Supremo de EE.UU. anule también las acciones tomadas por la JSF. En su argumento, la Utier sostuvo que las decisiones tomadas por el ente fiscal deberán ser revisadas por los próximos miembros de la JSF.
En su recurso de certiorari, el procurador general de EE.UU., Noel Francisco, mantuvo que la cláusula constitucional de nombramientos nunca ha aplicado a “funcionarios territoriales” o se ha determinado que “restringe la autoridad del Congreso para establecer gobiernos territoriales”.
Para el gobierno de EE.UU., si son inconstitucionales los nombramientos a la JSF por no haber sido referidos al Senado federal, también lo son los gobiernos territoriales, incluido el gobernador de Puerto Rico, pese a haber sido electo. Esa teoría, sin embargo, ya fue rechazada por el Primer Circuito en su decisión de febrero.
