La relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales afirmó este miércoles que existen pruebas suficientes de la responsabilidad del príncipe heredero saudita Mohammed Bin Salman en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y pidió sanciones así como una investigación internacional. Agnès Callamard, considera a la monarquía absolutista de Arabia Saudita «responsable» de la «ejecución extrajudicial» del periodista crítico con el poder saudita, asesinado en octubre en el interior del consulado de su país en Estambul.
El informe, elaborado tras seis meses de investigaciones, se refiere a la muerte como una «ejecución premeditada», y considera que, pese a haber «numerosas teorías» sobre este caso, en ninguna de ellas «se altera la responsabilidad del Estado saudita». «Agentes públicos saudíes actuaron de forma encubierta de acuerdo a su estatus oficial y utilizaron medios públicos para ejecutar a Salman Khashoggi«, señala.
Casi nueve meses después del asesinato, las autoridades sauditas siguen sin aclarar qué ocurrió con el cuerpo de Jamal Khashoggi, desaparecido en Estambul, y cuyos restos no fuero encontrados.
Igual que el resto de expertos independientes de la ONU, Callamard no habla en nombre de la ONU. «Esta investigación (…) demostró que hay suficientes pruebas creíbles sobre la responsabilidad del príncipe heredero que exigen una investigación adicional», dijo en su informe final, facilitado este miércoles a los medios. Su informe apunta a la «responsabilidad individual de altos responsables sauditas, incluido el príncipe heredero».
La experta pide que los países que imponen sanciones, como Estados Unidos, lo sigan haciendo contra 17 individuos por su papel en el asesinato aunque considera que no son suficientes porque no toman en cuenta «la cadena de mando». «Teniendo en cuenta las pruebas creíbles sobre las responsabilidades del príncipe heredero en su asesinato, estas sanciones también deberían incluir al príncipe heredero y sus bienes personales en el extranjero», aseguró.
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Reclamos a la ONU y al FBI
Por otra parte, la experta de la ONU pidió al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que ponga en marcha «una investigación penal de seguimiento sobre el asesinato del señor Khashoggi para constituir informes sólidos sobre cada uno de los presuntos autores». También reclama buscar mecanismos, como un tribunal especial, para esclarecer las responsabilidades: «Debería él mismo poder abrir una investigación penal internacional de seguimiento sin que tenga que intervenir un Estado», dijo.
El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, por su parte destacó que Guterres «no tiene el poder o la autoridad de abrir una investigación criminal sin un mandato de un órgano intergubernamental competente». «El poder y la autoridad para hacerlo pertenecen a los Estados miembros», precisó. El Consejo de Seguridad debería adoptar una resolución al respecto, añadió el portavoz.
Según la relatora, una investigación judicial también debe determinar la responsabilidad de «las personas que, en el contexto de la perpetración de una violación, abusaron de las responsabilidades de su puesto de autoridad o no las cumplieron». En el proceso en Arabia Saudita, la acusación descartó la responsabilidad del príncipe heredero y acusó a 20 personas, pidiendo la pena de muerte para cinco hombres, pero Callamard pide la suspensión de este juicio, considerando que no respeta las normas internacionales.
La CIA concluyó con una «confianza de media a alta» que el príncipe heredero ordenó el asesinato del periodista, que vivía exiliado en Estados Unidos, algo que el régimen saudita negó en todo momento.
También pide al FBI que abra una investigación por el asesinato del periodista, que era residente en Estados Unidos, y reclama a los países que amplíen sus sanciones en relación con el caso para incluir al príncipe heredero y sus bienes personales, al menos hasta que pueda demostrar que no tiene responsabilidad en lo ocurrido.
El gobierno de Arabia Saudita, a través del número dos de su diplomacia, afirmó que las acusaciones del informe son «infundadas». «No hay nada nuevo. El informe repite lo que se ha dicho y lo que han vendido los medios de comunicación», dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel al-Jubeir. «El informe contiene contradicciones y acusaciones infundadas, lo que pone en duda su credibilidad», añadió.
El gobierno de Turquía, en cuyo suelo se perpetró el secuestro, tortura, asesinato por presunto envenenamiento y descuartizamiento o disolución en ácido del periodista del «Washington Post» reaccionó al informe de Callamard asegurando que lo «respalda con fuerza», según dijo el ministro de Exteriores Mevlüt Cavusoglu.
Khashoggi tenía miedo
Khashoggi era un periodista muy crítico con el príncipe y era «él mismo plenamente consciente de los poderes del príncipe heredero y le temía», según Callamard. Desapareció el 2 de octubre tras entrar en el consulado saudita en Estambul para gestionar unos documentos y poder casarse con su novia. Allí, fue asesinado y descuartizado y su cuerpo fue sacado fuera del edificio, según la versión oficial que ofrecieron las autoridades saudíes, después del escándalo en torno a su desaparición y muerte a nivel internacional.
Sus restos no fueron hallados por ahora.. Tras haber primero negado el crimen, la monarquía de la dinastía Al-Saud, que controla todos los hilos del poder saudita, dio luego varias versiones contradictorias y ahora asegura que Khashoggi fue asesinado en una operación no autorizada por el poder. Pero según revelaron el «New York Times» y otros medios estadounidenses a principios del año, la CIA cree que el asesinato fue probablemente encargado directamente por el príncipe, que dirige de facto Arabia Saudita a causa de la avanzada edad y debilitada salud de su padre, el rey Salman.
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Cinco meses después del crimen, los dos hijos y dos hijas de Khashoggi recibieron propiedades en Arabia Saudita -precisamente en la ciudad de Jeddah- y pagos mensuales de 10.000 dólares o más por parte de las autoridades como compensación por lo ocurrido a su padre, según informó el «Washington Post«. Además, a finales de 2018 el rey Salman aprobó esos pagos en el marco de lo que un antiguo funcionario describió como reconocimiento de que «se ha cometido una gran injusticia» y un intento «de hacer bien lo mal hecho».
Los cuatro hijos del periodista podrían recibir además cantidades más elevadas –de incluso decenas de millones de dólares cada uno– en el marco de las negociaciones de «dinero de sangre» que se espera que sigan a los juicios contra los presuntos asesinos de Khashoggi. Esto ocurrió después de que la CIA apuntara directamente al príncipe heredero y de que, desde el seno del poder saudita, surgieran fuertes rumores sobre una ruptura de relaciones entre el rey y su hijo. Diferentes voces apuntan a que el rey incluso consideró desheredar a Mohammed por lo ocurrido.
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