Washington – Justo hoy que un subcomité de la Cámara baja federal atenderá el asunto en una audiencia, un grupo de congresistas propondrá esta mañana legislación que persigue asignar $15,100 millones en fondos de Medicaid durante los próximos cinco años para evitar que el sistema de salud de Puerto Rico colapse tan pronto como en abril de 2020.
La legislación, de la autoría de la demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York), provee además un proceso de transición de 10 años para que el Congreso eleve de 55% a 83% la aportación permanente del gobierno federal por servicios prestados de Medicaid.
“Puerto Rico se enfrenta a una crisis en el cuidado de salud que, en gran medida, se debe al tratamiento dispar bajo Medicaid”, indicó anoche Velázquez.
La legislación es coauspiciada por la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, entre otros. González indicó que la medida le impone unos requisitos a Puerto Rico –como elevar el pago de hospitales a los profesionales de la salud y la cobertura para hepatitis C– para subir el tope de la aportación federal a servicios financiados por Medicaid. “Va a permitir una transición de 10 años”, dijo.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares había solicitado al Congreso que, por lo menos, resolviera el posible colapso fiscal del sistema de salud, que se calcula en $1,200 millones, con una asignación de $15,100 millones para los próximos cinco años, lo que representaría unos $3,100 millones anuales.
Hoy, la subcomisión de Salud del Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja analizará la crisis a la que se enfrentan Puerto Rico y los demás territorios. El presidente del Comité de Energía y Comercio, el demócrata Frank Pallone (Nueva Jersey), ha dicho estar comprometido con buscar una solución de cara a septiembre próximo.
El proyecto de Velázquez, avalado por el liderato demócrata de la Cámara baja, puede ser esa solución.
“El precipicio fiscal de Medicaid al que se enfrenta Puerto Rico es una emergencia que se tiene que atender con urgencia”, indicó la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, en la ponencia que sometió ayer por escrito y leerá hoy en la sesión.
Ávila, como representante del gobierno puertorriqueño, será la única ponente de la isla en la audiencia, que incluirá representantes de otros territorios.
En el caso de Puerto Rico, los $4,800 millones en fondos de emergencia de Medicaid que el Congreso otorgó tras el paso del huracán María se agotan o no pueden utilizarse a partir del 1 de octubre. Mientras, para fines de año, el gobierno de Puerto Rico se quedará sin el sobrante de fondos, unos $586 millones, que asignó la ley conocida como Obamacare.
Bajo una ley permanente, Puerto Rico recibe alrededor de $380 millones anuales en fondos de Medicaid. Debido a ello, Ávila ha estimado en $1,200 millones anuales el precipicio fiscal en el que caería en abril de 2020 el sistema de salud de Puerto Rico y en 600,000 el número de personas que quedarían sin servicio médico, casi la mitad de los pacientes del plan Vital del gobierno de la Isla.
En su ponencia de hoy, la directora de ASES abogará la asignación especial de $15,100 millones en fondos de Medicaid que puedan utilizarse durante los próximos cinco años.
Aunque no declararán en la audiencia, el presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, y el presidente de la Cámara de Comercio, Kenneth Rivera Robles, presentaron ponencias por escrito ante el Comité de Energía y Comercio.
“El Congreso se ha enfrentado continuamente a este asunto del precipicio de Medicaid. Con remover el tope en las asignaciones se eliminará la necesidad del Congreso de volver una y otra vez a este asunto”, indicó Plá. Rivera Robles, por su parte, sostuvo que “no hay duda de que el cuidado médico es un servicio esencial y los puertorriqueños se merecen trato equitativo”.
En su informe anual al Congreso, mientras, la Comisión de Pago y Acceso a Medicaid y Plan de Salud para Niños (MACPAC, por sus siglas en inglés) respaldó hacer cambios a la estructura de financiamiento para Puerto Rico del programa Medicaid, con un llamamiento a resolver, a largo plazo, el precipicio fiscal al que se enfrenta el sistema de salud puertorriqueño.
De acuerdo a MACPAC, Puerto Rico va a tener un déficit fiscal de $1,010 millones de dólares en el año fiscal federal 2020, que empieza en octubre, al agotarse los fondos no permanentes que se han asignado en los últimos años.
Pero, los estimados de MACPAC – una agenda creada por el Congreso para asesorarle sobre los asuntos relacionados a Medicaid y el Plan de Salud para Niños (CHIP, por sus siglas en ingles) son que para el año fiscal federal 2021, el déficit alcanzará los $1,490 millones.
“Si el Congreso no asigna más fondos de Medicaid, Puerto Rico tendrá que reducir los gastos, recortando beneficios, el número de personas registradas o haciendo ambas cosas”, indica el informe de MACPAC, publicado este mes.
