Demandan al estado de Georgia por trato discriminatorio contra un puertorriqueño

Washington – Latino Justice y el Southern Center for Human Rights presentaron conjuntamente una demanda de clase por violación de derechos constitucionales contra el gobierno estatal de Georgia por trato discriminatorio contra un puertorriqueño que ha solicitado, desde hace unos 20 meses, obtener su licencia de conducir en ese estado.

En la demanda, por trato discriminatorio bajo la cláusula constitucional de igual aplicación de las leyes, los grupos pro-derechos civiles y humanos sostienen que al puertorriqueño Kenneth Cabán González se le ha negado la posibilidad de intercambiar su licencia de Puerto Rico por la del estado de Georgia, se le retuvieron documentos de identidad, se le hicieron preguntas capciosas sobre la Isla y no se le ha dado una respuesta en un período de tiempo razonable.

El recurso denuncia que a los puertorriqueños de la Isla se le requiera exámenes adicionales de conducir, se les fuerce a responder preguntas capciosas y no se le provea una audiencia justa.

Entre las preguntas con las que se intenta hacer fallar a los solicitantes de la Isla, se les pregunta por el nombre de una playa que no existe, el nombre de un sapo indígena o el nombre de una carne llena de plátano frito.

“Los puertorriqueños que están intentando empezar una nueva vida en Georgia se merece acceso a los mismos beneficios que se le otorgan a otros ciudadanos de Estados Unidos. Pensamos que en Georgia hay muchos puertorriqueños que se enfrentan al mismo tipo de intimidación que ha experimentado Kenneth, y no podemos permitir que este tipo de discriminación manifiesta tenga lugar”, indicó Jorge Vasquez, abogado del grupo Latino Justice.

Vasquez sostuvo que el privar a Cabán González de su licencia de conducir hace más difícil que pueda encontrar empleo, cumplir con las citas médicas de su pequeño hijo, atender sus propias necesidades de salud, ir al colmado y tener una vida social. Recordó además que guiar sin permiso es un delito en Georgia, que conlleva una multa de $500 y un año de cárcel.

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