Washington – En medio de advertencias de que se requerirán más controles antes de finalizar el trámite de la legislación, una subcomisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy el proyecto que impulsa asignar $12,000 millones en fondos de Medicaid y que evitaría, durante los próximos cuatro año fiscales federales, que el sistema de salud de Puerto Rico caiga en un abismo fiscal que deje sin servicios médicos a unas 600,000 personas.
El proyecto de ley, presentado por el demócrata boricua Darren Soto (Florida) y el republicano Gus Bilirakis (Florida), fue aprobado en la subcomisión de Salud del Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja.
La legislación también asigna cientos de millones de dólares para los demás territorios, a los que se les quiere evitar el precipicio fiscal durante los próximos seis años.
Pero, tanto el presidente del Comité de Energía y Comercio, el demócrata Frank Pallone (Nueva Jersey), como el portavoz republicano en esa comisión, Greg Walden (Oregón), indicaron que tras los cargos de corrupción en Puerto Rico, que involucran a la Administración de Seguros de Salud (ASES), tendrán que trabajar en enmiendas para asegurar que se establecen nuevos controles hacia el manejo de los fondos de Medicaid en la Isla.
Estuvieron de acuerdo, sin embargo, en que los actos de corrupción en el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares no deben provocar que se afecta el acceso de los residentes de la isla a los fondos de Medicaid. “Es un trato discriminatorio”, dijo la presidenta del subcomité de Salud, la demócrata Anna Eshoo (California), quien destacó que es clave que la medida tiene el respaldo de la congresista Nydia Velázquez (Nueva York).
Pallone y Walden indicaron que trabajarán en las enmiendas antes de que la medida vaya al pleno del Comité de Energía y Comercio.
Tras el arresto de la ex directora ejecutiva de ASES Ángela Ávila, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez, estuvo presente en la sesión de votación.
“Bajo el sistema arcaico actual, el acceso desigual a los recursos federales pone una presión en los programas de Medicaid de los territorios, especialmente en áreas con crisis continuas de atención médica exacerbadas por los huracanes. Nuestro plan garantiza que las familias tengan acceso continuo a la atención médica y alivien de inmediato las presiones financieras en los territorios. Todos los ciudadanos estadounidenses merecen igual acceso a la cobertura de Medicaid”, indicó el congresista Soto, quien es miembro del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU..
La medida permitiría a Puerto Rico y los territorios obtener un 83% de financiamiento federal por el costo de los servicios de Medicaid durante los años fiscales federales 2020 y 2021. Ese porcentaje bajaría a 76% en los años 2022 y 2023.
Bajo la ley permanente vigente, Puerto Rico tiene un límite de cerca de $380 millones en el acceso a fondos de Medicaid y el gobierno federal solo financia el 55% del costo de los servicios.
En momentos en que se investigan posibles actos de corrupción en el Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico -que depende principalmente de fondos de Medicaid- se requiere a la isla y los demás territorios rendir informes anuales sobre cómo se utiliza el dinero.
Para los primeros dos años, el gobierno de Puerto Rico y los demás territorios deberán también tener en marcha un sistema de contabilidad que permita verificar cómo se manejan los programas de Medicaid, además de poder medir los errores en los sistemas de pagos.
“Este es el acuerdo que puede lograr el apoyo del Senado”, ha indicado Soto.
Seis demócratas y cinco republicanos coauspician la pieza legislativa.
De acuerdo a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, durante el año fiscal federal 2020, que comienza en octubre, Puerto Rico pudiera recibir $2,823 millones en fondos de Medicaid. Ese total aumentaría en 2021 a $2,919 millones. Para 2022, el total subiría a $3,012 millones, y para el 2023, a $3,114 años.
La legislación bipartidista tiene el coauspicio de la comisionada González, y los congresistas demócratas boricuas Velázquez (Nueva York) y José Serrano (Nueva York). También la coauspician el presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), los republicanos Brian Fitzpatrick (Pensilvania) y Peter King (Nueva York), y los delegados de Guam, Michael San Nicolas, Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, las Islas Marianas del Norte, Gregorio Kilili Sablan, y de Samoa, Amata Coleman Radewagen. De los delegados de los territorios, Coleman Radewagen es republicana.
