Washington – Como parte de las investigaciones sobre los contratos otorgados a Cobra Acquisitions Energy para la reparación del sistema eléctrico de Puerto Rico tras el huracán María, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) ha ordenado la incautación de cerca de $4.4 millones del presidente de la empresa, Donald Keith Ellison.
La más reciente incautación de fondos tuvo lugar el pasado 18 de junio, cuando se congelaron $3.42 millones de una cuenta de Ellison en la empresa de inversiones Charles Schwabb.
El pasado 26 de abril, a Ellison se le había incautado otro $1 millón.
Cobra obtuvo contratos de hasta $1,800 millones para trabajar en la restauración del sistema eléctrico de Puerto Rico, que fue derrumbado por el huracán María el 20 de septiembre de 2017.
El miércoles, el juez federal Jon Tigar, del tribunal federal del distrito norte de California, denegó una moción de los abogados de Ellison para que se ordenara entregarle la declaración jurada presentada en el Tribunal Federal de San Juan por la cual se ordenó la incautación del dinero.
El juez Tigar acentúa en su decisión que la investigación sobre el dinero pagado para la reparación del sistema eléctrico de Puerto Rico involucra el programa de subvenciones de asistencia pública de FEMA, a la Autoridad de Energía Eléctrica “y los contratos otorgados a COBRA”.
En una audiencia el martes, el juez Tigar había adelantado que probablemente los documentos que utilizó el FBI para justificar la incautación del dinero seguirían sellados, según informó aquel día la publicación Courthousenews.
Ellison fue presidente de Cobra desde enero de 2017 hasta el pasado 7 de junio. En una declaración jurada, Elllison ha alegado que la incautación del dinero le ha impedido pagar la pensión alimentaria para su hijo y apoyar financieramente a su familia. También sostiene que parte del dinero fue ganado antes de los contratos de COBRA en Puerto Rico.
A finales de mayo pasado, el periódico The Wall Street Journal adelantó la investigación en contra de Cobra Acquisitions, que involucra a una administradora regional de FEMA que fue movilizada a Puerto Rico tras el huracán María.
Junto a Ellison es investigada Asha Tribble, quien era administradora regional de FEMA en Nueva York al momentode comenzar la pesquisa y que fue suspendida temporalmente de su puesto. Los abogados de Tribble confirmaron entonces la investigación federal.
La investigación ha incluido si Tribble favoreció impropiamente los intereses de Cobra, que llegó a obtener dos contratos con la AEE.
Tribble fue movilizada a Puerto Rico tras el huracán María. El 1 de febrero de 2018 fue la representante de FEMA en una sesión pública de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre la AEE.
Entonces, Tribble indicó que las empresas Cobra y Whitefish hicieron un buen trabajo, y mantuvo que durante la emergencia el alto nivel de burocracia de la AEE fue un obstáculo fundamental. En aquel momento, el escándalo de Whitefish estaba bajo investigación del Congreso y fresco en la memoria de la opinión pública.
Pero, reportajes de El Nuevo Día revelaron también las altas tarifas que representaron los contratos de Cobra. La empresa, subsidiaria de la empresa Mammoth Energy Services de Oklahoma, fue contratada originalmente, como Whitefish, por el entonces director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos.
FEMA ha indicado que los contratos de Cobra fueron otorgados por la AEE. Mientras, el director ejecutivo de la AEE, José Ortiz, dijo esta semana a El Nuevo Día que “la aprobación de los costos a facturarse provino de FEMA”.
La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) de EE.UU. determinó en un informe de auditoría que FEMA erró en su determinación de elegibilidad del contrato de Cobra bajo el Programa de Asistencia Pública.
El 28 de marzo, siguiendo una recomendación de la OIG, FEMA entregó un reporte que concluye, de manera independiente, que las tarifas de Cobra caen dentro del margen razonable para trabajos de emergencia, indicó ayer el portavoz de la dependencia en la isla, Juan A. Rosado.
“FEMA está llevando a cabo un análisis adicional, según las guías de subvenciones de Asistencia Pública, para determinar si los costos reales del contrato son razonables. Debido a que FEMA ya ha determinado que las tarifas en el contrato son razonables, este análisis adicional irá dirigido a la razonabilidad de las cantidades (mano de obra, equipo y unidades de materiales), según se vea desglosado en el alcance del trabajo completado”, indicó Rosado.
Sostuvo que, concluido el análisis, FEMA tomará una determinación final de elegibilidad de los costos contractuales y desautorizará los que no sean razonables.
Según el informe de auditoría, la determinación de elegibilidad de FEMA a Cobra no fue sólida ni respaldada por documentos.
Por su parte, el director de la AEE indicóque “se está preparando” un informe detallado sobre los contratos con Cobra. Añadió que “no se vislumbra” que la AEE tenga que desembolsar los fondos utilizados para la recuperación del sistema eléctrico post-María.
