Washington – Tras acordar una fuerte supervisión sobre el uso del dinero que envían al gobierno de Puerto Rico, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes federal aprobó esta tarde, por unanimidad, el proyecto de ley que permitiría asignar $12,000 millones a la isla en fondos de Medicaid durante los próximos cuatro años fiscales federales.
Los fondos fueron condicionados a que el gobierno de Puerto Rico, luego de los recientes cargos de corrupción, esté sujeto a mayores controles sobre cómo utiliza los fondos de ese programa federal.
En ese sentido, el gobierno de Puerto Rico deberá rendir informes trimestrales a los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) sobre cómo utiliza los fondos de Medicaid, que financian la mayor parte del programa de salud del gobierno puertorriqueño.
Los nuevos controles fueron propuestos, como parte de un acuerdo con la mayoría demócrata, por el líder republicano en ese comité, Greg Walden (Oregón), luego de conocerse los arrestos en la Isla por corrupción, que han abarcado irregularidades en los contratos otorgados por la Administración de Seguros de Salud (ASES).
“Todos estuvimos atónitos”, indicó el presidente del Comité de Energía y Comercio, Frank Pallone (Nueva Jersey), antes de ratificarse el lenguaje que busca evitar un precipicio fiscal, a partir de 2020 en el caso de Puerto Rico, en los sistemas de salud de los territorios estadounidenses.
Entre los mecanismos de supervisión acordados, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud de EE.UU. auditará los sistemas de contratación y la administración financiera de los programas de Medicaid en Puerto Rico que considere que tienen alto riesgo de fraude.
Un año después que la legislación se convierta en ley, mientras, la OIG de Salud federal desarrollar un plan de trabajo para “auditar e investigar la práctica de contratación relacionadas a Medicaid en Puerto Rico”, que ha sido el área afectada por los cargos de corrupción que la fiscalía federal presentó la semana pasada, que incluyeron a la ex directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila y a contratistas de esa oficina.
En dos años, además, la Oficina de Contraloría General (GAO), debe emitir un informe sobre los procesos de evaluación de subastas y los procesos de otorgamiento de contratos, incluso los que no sean competitivos o requieran un proceso de solicitud de propuestas (Rfp).
En el caso de la Isla, el barranco fiscal, de por lo menos $1,200 millones anuales, pudiera ocurrir a partir de abril de 2020 y dejar sin servicios médicos a unas 600,000 personas.
De acuerdo al lenguaje acordado por el liderato del Comité de Energía y Comercio, el Departamento de Salud de EE.UU., la Oficina del Inspector General de esa dependencia y los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) examinarán los proceso de subastas, y contratación en la Administración de Seguros de Salud (ASES), que administra los fondos de Medicaid y cuya pasada ex directora, Ángela Ávila, fue imputada de cargos de corrupción hace una semana.
Como parte de los cambios, la legislación establece que el Congreso reconocerá la necesidad de desarrollar una solución permanente para el financiamiento del sistema de salud de Puerto Rico a través de Medicaid.
“Esta legislación va a salvar vidas. Nos entusiasma el apoyo bipartidista que recibió la legislación para otorgarle a cada ciudadano estadounidense el acceso igual a la cobertura de Medicaid que se merecen”, sostuvo el congresista demócrata Darren Soto (Florida), quien fue al autor principal de la medida original..
La medida había sido ratificada la semana pasada en la subcomisión de Salud del Comité de Energía y Comercio.
La medida original, de la autoría del demócrata boricua Darren Soto (Florida), fue aprobada la semana pasada en la subcomisión de Salud del Comité de Energía y Comercio.
Desde entonces, ya proponía requerir a Puerto Rico y los demás gobiernos territoriales incluidos en la legislación, la presentación de un informe anual a los comités con jurisdicción en el Congreso sobre cómo se utilizaron los fondos.
También ordenaría poner en marcha un sistema de contabilidad para verificar cómo se manejan los programas y otra estructura administrativa que permita conocer los errores en los sistemas de pagos.
La legislación ha sido integrada a otra medida que persigue evitar las facturas médicas “sorpresas” de parte de los planes médicos de salud.
El proyecto impulsa que el gobierno federal financie el 83% del costo de los servicios de Medicaid en Puerto Rico durante los años fiscales federales 2020 y 2021. Ese porcentaje bajaría a 76% en los años 2022 y 2023.
Bajo la ley permanente, el gobierno federal limita a $380 millones anuales el acceso a fondos de Medicaid. También solo financia el 55% del costo de los servicios.
De acuerdo a la legislación, Puerto Rico recibiría $2,823 millones el próximo año fiscal federal 2020, que comienza en octubre. Para el año fiscal federal 2021 la asignación sube a $2,919 millones, luego a $3,012 millones en 2022 y quedaría en $3,114 millones para el 2023.
El presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá, por su parte, envió una ponencia al Comité de Energía y Comercio en respaldo a la legislación. Entre otras cosas, Plá reafirmó que la incertidumbre sobre el financiamiento del sistema de salud de Puerto Rico se dificulta hacer mejoras a las instalaciones médicas en la isla.
El Comité también incluyó en el récord de sus trabajos una presentación de la comisionada Jenniffer González, quien fue una de las coautoras de la legislación.
