Washington – La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, ha solicitado al liderato del Congreso que se incluya el mismo nivel de financiamiento actual que recibe Puerto Rico bajo el programa Medicaid en la resolución que dé continuidad temporal al presupuesto federal vigente a partir del 30 de septiembre.
La intención es que el gobierno federal continúe aportando el 100% de los costos de los servicios de Medicaid en Puerto Rico, lo que representa unos $230 millones mensuales, hasta que se logre un acuerdo final sobre el presupuesto 2020 y las asignaciones del programa federal de salud destinado principalmente para los pobres.
“Este es un asunto urgente que no puede esperar”, indicó el viernes la comisionada en su carta a la speaker Nancy Pelosi, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, el portavoz demócrata en el Senado, Charles Schumer, y el jefe de la minoría republicana cameral, Kevin McCarthy.
El liderato del Congreso y la Casa Blanca negocian una resolución que daría continuidad hasta el 21 de noviembre al presupuesto federal actual – que vence el 30 de septiembre-, con la esperanza de que haya un acuerdo antes del receso del Día de Acción de Gracias y evitar un cierre parcial del gobierno federal.
Pero, el portavoz de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Steny Hoyer (Maryland) – un día antes de la carta de González al líderato del Congreso-, ya había advertido que la intención es que esa resolución no incluya asuntos independientes.
Sin temas particulares en la medida, es improbable que un financiamiento temporal para Puerto Rico del programa Medicaid, pueda encontrar espacio. Pero, la petición de González refleja el retraso al que puede enfrentarse la asignación de fondos de Medicaid tras los recientes cargos de corrupción en contra de exfuncionarias y contratistas del gobierno de Puerto Rico.
El jueves, la gobernadora Wanda Vázquez y los primeros ejecutivos de los demás territorios también escribieron al liderato del Congreso, en un esfuerzo conjunto, para reclamar un»trato equitativo» bajo el programa Medicaid.
González recordó en su carta a los líderes del Congreso que sin la asignación de nuevos fondos de Medicaid, Puerto Rico dependerá básicamente a partir de enero de los cerca de $380 millones anuales que recibe por ley permanente bajo ese programa.
Desde principios de 2018, como una iniciativa de emergencia relacionada a la catástrofe creada por el huracán María, Puerto Rico utiliza una asignación de $4,800 millones, dirigida a cubrir el 100% de los costos de los servicios de Medicaid. Esos fondos, que han representado unos $230 millones mensuales, se agotan o no pueden utilizarse más a partir del 30 de septiembre.
Entonces, Puerto Rico dependería de una reserva de fondos que queda de la ley Obamacare antes de volver a quedarse exclusivamente con la asignación anual de $380 millones, que al utilizarse requiere que el gobierno puertorriqueño aporte el 45% del costo del servicio de Medicaid.
El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó en julio una asignación de $12,800 millones en fondos de Medicaid para los próximos cuatro años fiscales federales, después de imponerle – en momentos en que se conocían los casos de corrupción que involucraron al plan de salud del gobierno y a la ex directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila-, nuevas restricciones y controles.
Esa medida ha sido frenada en momentos en que se dan negociaciones con el Senado, donde la mayoría republicana quiere reducir el porcentaje de la aportación federal por servicios de Medicaid – FMAP-, e imponer nuevos controles a la Isla, según expresiones recientes de la comisionada González y el congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida).
Mientras, el liderato demócrata de la Isla escribió a los jefes de la mayoría cameral, encabezada por la speaker Pelosi, para también pedirle acción rápida sobre el asunto.
“Mientras se preparan para avanzar con nuestra agenda demócrata para el resto del año, les instamos a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que el pueblo de Puerto Rico y otros territorios estén protegidos durante todo este proceso legislativo. Tememos que, si el abismo fiscal de Medicaid no se aborda en esta coyuntura, podría ser víctima de una agenda del Congreso complicada y extensa al final del año”, indicaron el presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, Charlie Rodríguez, la vicepresidenta Johanne Vélez, el delegado permanente Luis Dávila Pernas, y la delegada permanente, la alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez.
