Washington – La mayoría demócrata de la Cámara baja federal encaminará mañana su próxima batalla política con la Casa Blanca y los republicanos del Congreso sobre Puerto Rico, cuando apruebe una legislación con nuevos fondos de emergencia para la isla que el gobierno de Donald Trump, reafirmando la desconfianza hacia el gobierno boricua, amenaza con vetar.
Reconociendo que les espera un prolongado forcejeo con la mayoría republicana del Senado y el presidente Trump, la jefatura demócrata reafirmó su voluntad de aprobar una medida que asigna $4,670 millones en fondos de emergencia para mitigar los daños causados por los terremotos, permite utilizarlos indistintamente con los previamente otorgados para atender la catástrofe causada por el huracán María y añade la aprobación de subsidios contributivos claves como los créditos por ingresos devengados (EITC) y niños dependientes (CTC).
Cuando la medida iba a votación el miércoles en el Comité de Reglas de la Cámara baja, el gobierno de Trump -como había adelantado El Nuevo Día-, anunció su oposición a la legislación, que considera innecesaria, y volvió a denunciar lo que considera es un historial de malversación del gobierno de Puerto Rico, aludiendo a los malos manejos recientes con los suministros para los damnificados de los terremotos.
Horas después de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced, quien dice que ha restablecido la confianza en la administración pública de la isla, y la comisionada residente en Washington Jenniffer González se reunieran con el próximo coordinador de la Casa Blanca para la Reconstrucción, Peter Brown, la declaración de política pública de la Oficina de Presupuesto y Gerencia (OMB) volvió a poner en entredicho que la percepción del gobierno de Trump hacia la administración pública en Puerto Rico haya variado.
“Múltiples casos de alto perfil de la corrupción han empañado la distribución de la ayuda ya asignada y ha llevado a una continua inestabilidad política en la isla”, indica la declaración de la OMBA, que todavía está bajo la dirección del jefe de Gabinete interino de la Casa Blanca, Mick Mulvaney.
Como parte del debate de mañana, viernes, en el pleno de la Cámara baja, el Comité de Reglas autorizó la presentación de la enmienda de la comisionada González que persigue aumentar de $40 millones a $210 millones los fondos de asistencia alimentaria que impulsa la medida.
También se debatirán enmiendas para separar, de los $3,260 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) que propone la legislación, $1 millón para encaminar proyectos de energía renovable, estudiar el impacto en la educación de los recientes terremotos y asegurar que la información sobre el uso de los fondos CDBG-DR llega a las personas que no dominan el inglés, que es la mayoría del pueblo de Puerto Rico.
Además de los $3,260 millones en fondos CDBG-DR, la legislación asigna $1,250 millones para mejoras a carreteras y $100 millones para las necesidades en el área de educación. Incluye, además $15 millones para apoyo técnico a la red eléctrica y $6.75 millones para análisis de riesgos de terremotos, mejorar la planificación energética a largo plazo, crear conciencia sobre la situación energética y fortalecer la seguridad cibernética de la infraestructura crítica.
La medida incorpora el lenguaje de un proyecto aprobado en el Comité de Medios y Arbitrios para financiar en gran medida en Puerto Rico la puesta en marcha de créditos contributivos por ingresos devengados (EITC, por su siglas en inglés) y niños dependientes (CTC), que pueden tener un impacto económico en la Isla de más de $800 millones.
Así mismo, persigue hacer permanente el aumento en el reembolso por el arbitrio al ron – garantizando 46 centavos al Fideicomiso de Conservación- revive, para la emergencia de los terremotos, los créditos federales a patronos que han retenido empleados y asigna $500 millones para créditos por inversiones en comunidades de escasos recursos, y $50 millones en créditos para vivienda a personas de escasos recursos.
En la declaración de política pública, OMB sostuvo que “este proyecto de ley equivocado agregaría $ 4,700 millones además de todos los miles de millones ya asignados a Puerto Rico, y sus disposiciones restrictivas evitarían que la administración (Trump) garantice que estos fondos se gasten bien”.
Para la Casa Blanca, el gobierno de Puerto Rico tiene aún sin utilizar una buena parte de los fondos desembolsados para mitigar la catástrofe causada por el huracán María, aunque ofrece números que no concuerdan con los datos reales.
Por un lado, dice que la asignación hasta ahora a la Isla son $44,000 millones. Si se suman los fondos de emergencia de Medicaid y la asistencia alimentaria de emergencia, rondan los $50,000 millones.
Pero la Casa Blanca alega que el Departamento de la Vivienda federal ya desembolsó unos $9,700 millones en fondos CDBG-DR, cuando el total alcanza verdaderamente unos $1,507 millones.
De todos modos, la Casa Blanca aprovecha para acentuar que hasta diciembre de 2019, de esos $1,507 millones, el gobierno de Puerto Rico solo había utilizado unos $11 millones.
Hace unos días, un alto funcionario del gobierno de Trump había adelantado a El Nuevo Día la oposición de la Casa Blanca al proyecto demócrata.
La comisionada González dijo que en la reunión de ayer de ella y la gobernadora con el contralmirante Brown el director de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Douglas Hoeschler, no hablaron del proyecto demócrata.
“Oponerse a esta ayuda es simplemente despiadado”, reaccionó la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York).
Velázquez criticó además que la Casa Blanca vuelva a alegar mal uso de fondos para frenar asistencia a Puerto Rico. “Continuar usando este argumento para lastimar a algunos de nuestros ciudadanos más vulnerables es vergonzoso”, indicó la congresista Velázquez.
“La implacable oposición del presidente Trump a ayudar a nuestros conciudadanos en Puerto Rico momentos de necesidad es espantosa”, indicó, por su parte, el líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer.
En la audiencia del Comité de Reglas, el líder de la minoría republicana en esa comisión, Tom Cole (Oklahoma), sostuvo que no ve una “necesidad urgente” para la legislación y que el lenguaje es “vago”.
Cole sostuvo que aún le tienen que demostrar que los fondos son necesitados y dijo que el gobierno federal aún no ha terminado la evaluación de los daños tras los terremotos. “No lancemos más dinero (hacia Puerto Rico), cuando todavía hay miles de millones sin utilizar”, sostuvo Cole.
La congresista Velázquez dijo que tanto la speaker Nancy Pelosi como la presidenta del Comité de Asignaciones, Nita Lowey (Nueva York), están comprometidas a añadir la legislación a cualquier proyecto que los republicanos del Senado o la Casa Blanca quieran echar hacia delante.
“Es un asunto que puede estar como negociación” para otros proyectos”, afirmó la puertorriqueña Velázquez.
Un proyecto de asignaciones que debe interesar al gobierno de Trump, según los demócratas, sería una respuesta adecuada al coronavirus. Lowey exhortó el martes al secretario de Salud de EE.UU., Alex Azar, a preparar una solicitud de fondos para atender ese asunto.
El republicano Tom Rice (Carolina del Sur) cuestionó, a nombre de la minoría del Comité de Medios y Arbitrios, los subsidios contributivos que principalmente buscan ayudar a Puerto Rico a financiar los créditos EITC y CTC.
El congresista Rice, entre otras cosas, destacó que «esa gente» no paga contribuciones federales sobre ingresos, pero se quiere otorgar un crédito por trabajo financiado por el Tesoro. Su colega republicano Garret Graves (Luisiana) coincidió con ese comentario.
Pero, Graves sostuvo que la legislación -debido a los miles de millones de dólares sin desembolsar- se debería limitar a permitir que los fondos de FEMA y CDBG asignados después del huracán María puedan ser utilizados para mitigar los daños causados por los terremotos.
El congresista Rice, sin éxito, intentó promover una enmienda que le hubiese requerido al Inspector General del Departamento de Seguridad Interna (Homeland Security) un informe sobre el “mal manejo” de la asistencia otorgada al gobierno de Puerto Rico y de la asistencia que no ha sido distribuida.
