Con las elecciones legislativas de mitad de término ya en el horizonte, el presidente Donald Trump ha vuelto a alborotar el avispero al sugerir que el gobierno federal, que él encabeza, debería “tomarse” el control de la votación y “nacionalizar” el proceso.
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En los últimos 250 años, el control del proceso electoral lo han asumido los estados. Foto:iStock
La sola insinuación desató una tormenta de críticas en un país que, a lo largo de los últimos 250 años, ha delegado ese poder en los estados y que todavía no ha superado del todo las secuelas del áspero capítulo de 2020, cuando el entonces mandatario intentó revertir su derrota alegando, sin pruebas, un fraude generalizado.
En las últimas semanas, Trump ha elevado el tono. En un pódcast reciente afirmó que “los republicanos deberían jugársela por tomar el control de las elecciones” y que su partido “debería nacionalizar la votación” al menos en una quincena de jurisdicciones.
Un día después, la Casa Blanca matizó que el presidente se refería al proyecto de ley SAVE que exigiría la presentación de pruebas documentales de ciudadanía para registrarse como votante.
Pero, horas más tarde, el propio Trump insistió en que su objetivo era expandir el rol del gobierno federal y que los estados en realidad eran solo “agentes” que debían actuar bajo las instrucciones de la administración.
Federalizar las elecciones en EE. UU. sería un salto inédito
Las declaraciones han revivido una vieja disputa constitucional que, para muchos, ya estaba zanjada.
El artículo I, sección 4, de la Constitución establece que los estados fijan los “tiempos, lugares y manera” de celebrar las elecciones, aunque el Congreso puede dictar leyes para regularlas.
Trump dice que su objetivo es expandir el rol del gobierno federal durante el proceso electoral. Foto:iStock
El texto no otorga ningún papel directo al presidente ni al poder Ejecutivo en la administración de los comicios. En la práctica, EE. UU. opera con un sistema profundamente descentralizado en el que los estados (y, en muchos casos, los mismos condados) determinan cómo se registran los votantes, qué tipo de identificación se exige, qué máquinas se utilizan y cómo se cuentan los votos, siempre bajo el marco de leyes federales como la ley de Derecho al Voto.
Para Barry Burden, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Wisconsin-Madison y director de su Centro de Investigación Electoral, una verdadera federalización sería un salto inédito.
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“Sería un paso nunca antes visto ni seriamente considerado en la historia del país. Implicaría despojar a los estados de su autonomía y obligaría al gobierno federal a crear una infraestructura que hoy no existe, desde un padrón nacional de votantes hasta reglas uniformes sobre residencia o registro en línea”, afirma el experto.
Advierte, además, que un sistema centralizado podría convertirse en blanco de amenazas de seguridad, a diferencia del modelo actual, cuya fragmentación dificulta cualquier intento de manipulación masiva.
¿Qué razones da Trump para modificar ley electoral?
Trump justifica su presión con el argumento de la “integridad electoral”. Ha repetido que inmigrantes indocumentados y no ciudadanos están votando ilegalmente y que el gobierno debe impedirlo.
La propuesta busca establecer estándares nacionales más estrictos de identificación con foto. Foto:EFE
En ese contexto, promueve el proyecto de ley SAVE que obligaría a presentar prueba de ciudadanía al momento de registrarse, establecería estándares nacionales más estrictos de identificación con foto y limitaría prácticas como el voto por correo sin excusa. Sus aliados sostienen que se trata de reforzar la seguridad y la confianza pública en el sistema.
Sería un paso nunca antes visto ni seriamente considerado en la historia del país. Implicaría despojar a los estados de su autonomía y obligaría al gobierno federal a crear una infraestructura que hoy no existe
Sin embargo, expertos y auditorías estatales han desmentido sistemáticamente la idea de un voto masivo de no ciudadanos.
Stephen Richer, académico afiliado al Cato Institute y exfuncionario electoral en Arizona, sostiene que los mismos estados, muchos de ellos controlados por republicanos, han realizado investigaciones extensas que desmontan ese mito.
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En Utah, por ejemplo, y tras una revisión de aproximadamente 2,1 millones de votantes registrados, las autoridades encontraron a un solo no ciudadano confirmado que ni siquiera votó en las últimas elecciones.
Idaho, por su parte, detectó 36 posibles no ciudadanos entre más de un millón de registros; Luisiana halló 79 personas que habían votado en décadas recientes entre 2,9 millones de inscritos; Georgia identificó 20 posibles casos en un padrón de 8,2 millones de inscritos.
“Estamos hablando de fracciones minúsculas que, si bien deben ser corregidas, no alteran ni han alterado los resultados. Pero magnificar esos números lo que sí produce es una erosión en la confianza del sistema electoral sin que exista una base empírica”, resume Richer.
El proceso electoral en EE. UU. busca que cada estado tenga un peso en el resultado. Foto:iStock
Republicanos temen perder el control del Congreso
La renovada ofensiva de Trump no ocurre en el vacío. Al interior del Partido Republicano ha venido creciendo el temor a una barrida de los demócratas en las elecciones de noviembre, en las que podrían perder el control de al menos una de las dos cámaras del Congreso.
Y algunos críticos ven en el discurso de la federalización un intento de instalar, desde ahora, una narrativa de fraude sobre la legitimidad del proceso.
Magnificar esos números produce es una erosión en la confianza del sistema electoral sin que exista una base empírica
Las reacciones, por supuesto, no se han hecho esperar. Gobernadores demócratas calificaron la propuesta como un intento “antidemocrático” de silenciar a los estados, y algunos republicanos también han tomado distancia.
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El senador John Thune ha señalado que no está a favor de federalizar las elecciones, al tratarse de “un asunto constitucional”, mientras que el senador Rand Paul recordó que la Carta Magna es clara al asignar esa competencia a los estados.
Otros, en cambio, respaldan la agenda de la Casa Blanca bajo la bandera de la integridad electoral.
Este año se celebrarán elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto:AFP
¿Qué tan probable es que Trump logre cambiar las reglas electorales?
En términos prácticos, la viabilidad de que el presidente se “tome” las elecciones es limitada.
Órdenes ejecutivas anteriores en esta materia han sido bloqueadas por los tribunales, y cualquier cambio estructural requeriría una ley del Congreso y, muy probablemente, enfrentaría desafíos judiciales inmediatos.
En un sistema construido sobre el equilibrio de poderes y el federalismo, la idea de nacionalizar las elecciones toca fibras muy profundas
La Constitución, según coinciden los especialistas, no otorga al Ejecutivo la autoridad para administrar directamente los comicios.
Lo que sí parece probable es un aumento de la confrontación legal y política entre Washington y los estados a medida que se acerquen las elecciones.
Para Burden, esa una discusión trasciende el debate técnico.
“Puede sonar atractivo para algunos cuando su partido controla la Casa Blanca, pero el precedente quedaría para el próximo presidente. En un sistema construido sobre el equilibrio de poderes y el federalismo, la idea de nacionalizar las elecciones toca fibras muy profundas”, afirma el experto.
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto:AFP
A nueve meses de la apertura de las urnas, la pregunta no es solo si el gobierno federal puede o no asumir el control del proceso, sino qué efectos podría tener esta disputa sobre la confianza pública en uno de los pilares de la democracia estadounidense.
SERGIO GÓMEZ MASERI – Corresponsal de EL TIEMPO – Washington @sergom68