Al parecer, esta medida se da después de que el gobierno de Daniel Noboa, a través de la Fiscalía de ese país, se intentara adueñar del 40 por ciento de Gráficos Nacionales S.A., la editora de los dos diarios.
Estos medios han tenido varias tensiones con el gobierno ecuatoriano por sus posturas críticas, lo que ha llevado, según ellos, a falsas acusaciones de fraude tributario y lavado de activos, además de una intervención de la Superintendencia de Compañías.
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Protesta con portadas en blanco
Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto:AFP / Suministrada
Los diarios ecuatorianos Expreso y Extra, que en las últimas horas han denunciado nuevos presuntos intentos de hostigamiento del Gobierno de Daniel Noboa, en respuesta a su línea editorial crítica, anunciaron este sábado en sus redes sociales que la portada de la edición del domingo 12 de abril estará mayoritariamente en blanco.
«Esta es nuestra portada de mañana, 12 de abril de 2026. Sí: está en blanco. No es un error. No es casualidad. Es un mensaje que debes conocer», escribió Expreso en su cuenta de X.
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La misma publicación incluyó una imagen de la portada, encabezada con el nombre del diario y en cuya parte inferior se lee: «A algunos les gustaría que esta fuera nuestra portada: en blanco. Sin noticias. Sin preguntas. Sin verdades. No va a pasar. Solo la verdad nos mueve».
El mismo texto aparecerá en el Extra, que en sus redes sociales anotó que la portada en blanco «es lo que algunos quisieran ver: silencio».
Las portadas en blanco aparecerán después de que Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), editora de Expreso y Extra, dos de los más importantes de Ecuador, y que en febrero fue intervenida por la Superintendencia de Compañías, alertase a la ciudadanía sobre un eventual intento del Gobierno, a través de la Fiscalía General del Estado, «de adueñarse del 40 % de acciones de la empresa».
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Ya en febrero pasado, Eduardo Carmigniani, procurador judicial de Granasa, denunciaba que la Superintendencia de Compañías supuestamente había tratado de «adueñarse del 40 % de las acciones» de la empresa al detectar presuntas irregularidades en un traspaso realizado hace seis años.
Persecución a la prensa
Ilustración sobre la libertad de prensa. Foto:Flip
Ahora, Granasa alertó que en redes sociales «circula una supuesta denuncia presentada por el liquidador de la empresa Veranera, Carlos Xavier Cadena Asencio, en contra de directivos de esta compañía, entre otras personas. Ninguno de los mencionados en esa publicación ha sido aún notificado formalmente».
Pese a ello, Granasa pone en alerta a la ciudadanía y a la opinión pública nacional e internacional sobre lo que considera un «nuevo intento de hostigamiento y amedrentamiento del Gobierno Nacional, con el único objetivo de doblegar la línea editorial, lo que no han logrado con falsas acusaciones de fraude tributario y lavado de activos, ni con una ilegal intervención de la Superintendencia de Compañías», señaló en el escrito.
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Según los directivos, las presiones políticas no son recientes, pues anteriormente enfrentaron «falsas acusaciones de fraude tributario y lavado de activos», además de lo que califican como una «ilegal intervención» administrativa, indicó Expreso.
Y anotó que el entorno de conflicto escaló tras la filtración de información por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), sobre una presunta defraudación tributaria, acción que la defensa de la empresa interpreta como parte de una «estrategia sistemática de desprestigio y asfixia económica».
En febrero pasado, la Superintendencia de Compañías anotó que la intervención tenía como objetivo «supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros».
Sin embargo, Expreso y Extra denunciaron en febrero una presunta persecución por parte del Gobierno que -dijeron- intenta «someter a una de las pocas voces críticas a su gestión que existen en Ecuador» y señalaron que no cambiarán su «línea editorial independiente».
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) tachó en febrero de «acto intimidatorio» contra el periodismo la intervención del Gobierno en Granasa.
Agencia EFE.
