La comisión opositora en el diálogo político que impulsa Estados Unidos en Venezuela indicó este jueves que planea discutir sobre las garantías políticas la próxima semana, cuando estima que arranque el segundo ciclo de conversaciones con el chavismo.
En la hoja de ruta está previsto que para la próxima semana se instale «la mesa de libertades o garantías políticas y civiles y, por supuesto, la libertad de expresión», dijo la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, en un encuentro virtual con abogados del estado Mérida (oeste).
En ese sentido, el opositor Sergio Vergara explicó que esta mesa estará principalmente enfocada «en los aspectos normativos» e «institucionales que tienen que ver con la represión», a fin de revisar leyes que, a su juicio, han sido creadas «con la sola intención» de cercenar las libertades.
Concretamente dijo que se revisarán normas como la Ley del Odio, que llevó a ejecutar detenciones por mensajes en redes sociales; la de la fiscalización y control de la ONG o la Simón Bolívar, creada en 2024 para castigar con penas de hasta 30 años de prisión o con multas millonarias y 60 años de inhabilitación política a quienes promuevan sanciones contra el Gobierno o funcionarios públicos.
La idea es, dijo, adaptar el articulado a un esquema más «ajustado» a los derechos humanos. Por su parte, el opositor Jorge Millán se mostró convencido de que el nuevo ciclo «le va a dar buenas noticias al país».
El pasado 12 de agosto, el chavismo y un sector opositor, del que no forman parte los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cerraron el primer ciclo del diálogo después de una semana de discusión.
Las partes acordaron entonces la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos jueces son acusados de servir al Gobierno, y recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto de junio.
Por ello, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, modificó un artículo de la ley del TSJ para ampliar la participación de la sociedad civil en el comité de postulaciones que nombrará a los nuevos magistrados, un paso que, a juicio de los opositores, permitirá que haya más independencia a la hora de hacer las designaciones.
El opositor Juan Miguel Matheus explicó hoy que el proceso para la evaluación y postulación de los nuevos jueces puede tardar hasta 90 días, de acuerdo con los parámetros establecidos en la ley. Ya el Parlamento había iniciado en abril un proceso para cambiar a parte de los magistrados del Supremo, pero los terremotos de junio interrumpieron el procedimiento.
