El Salvador: claves del enfrentamiento entre Bukele y la Asamblea Legislativa

Este lunes, por segundo día consecutivo, militares y agentes de las unidades especializadas de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Batallón Presidencial volvieron a hacer acto de presencia en la Asamblea Legislativa de El Salvador, una situación que ha encendido todas las alarmas tanto a nivel nacional como internacional.

El origen del conflicto

El origen del conflicto se encuentra en un préstamo de 109 millones de dólares solicitado por el Ejecutivo del presidente Nayib Bukele al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la III Fase del Plan Control Territorial.

El gobierno considera que estos fondos resultan indispensables para implementar un plan de seguridad contra las pandillas, pero requiere del respaldo de la Asamblea Legislativa, controlada por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

La administración precisa de 57 votos, pero la oposición, con 60 escaños, se cierra en banda para no someter la propuesta a votación.

“No cabe duda de que la Asamblea está retrasando la votación por motivos políticos y por la hostilidad entre el presidente Bukele y los dos partidos tradicionales (Arena, a la derecha, y el FMLN, a la izquierda)”, explicó a la Voz de América Geoff Thale, analista de la organización Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA).

Este experto considera, no obstante, que, la oposición tiene “dudas legítimas” debido a que el Ejecutivo no ha desvelado aún los pormenores de su plan y a las sombras que se ciernen sobre algunas de las empresas involucradas con el proyecto, como la mexicana SeguriTech Integral Security, dedicada a la video vigilancia.

La respuesta del Gobierno

Ante la negativa de la oposición someter el préstamo a votación, el Consejo de Ministros convocó el pasado jueves, 6 de febrero, una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para el domingo.

El presidente del plenario, Mario Ponce, reaccionó convocando una sesión plenaria para el viernes, 7 de febrero. Sin embargo, la falta de consenso evitó que se alcanzará un acuerdo, por lo que Ponce convocó una nueva sesión para el lunes.

El domingo, no obstante, Bukele se personó en una Asamblea Legislativa ya tomada por las fuerzas de seguridad. Desde el Salón Azul, el mandatario se dirigió brevemente al país y dio un ultimátum a los legisladores:

“Si estos sinvergüenzas no aprueban esta semana el dinero del Plan Control Territorial nos volvemos a reunir acá el próximo domingo”, declaró Bukele.

Para justificar esta maniobra, el Ejecutivo invocó el artículo 167 de la Constitución, que faculta al gobierno a “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Sin embargo, numerosos diputados expresaron su oposición a tal medida al considerar que, en realidad, no se dan las condiciones de que justifiquen tal convocatoria.

«Todos los salvadoreños saben que la seguridad es interés de la República (…) ¿Cuánto más debemos esperar para que los diputados hagan bien su trabajo y se enfoquen en cumplirle al pueblo salvadoreño?», defendió este lunes el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, Mario Durán, en una entrevista concedida al programa Frente a Frente, de la Telecorporación Salvadoreña.

Este lunes, Thale no dudó en considerar que el mandatario actuó de manera “desproporcionada” y que su objetivo fue “presionar a los legisladores para que actúen rápidamente y aprueben el préstamo”.

Reacción internacional

A pesar de que Bukele cuenta con el apoyo de gran parte del pueblo salvadoreño, lo sucedido en las últimas horas ha generado preocupación en el ámbito internacional.

Este domingo, la Unión Europea llamó a resolver la situación de “forma satisfactoria y pacífica”, mientras que Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Militares patrullando en las proximidades de la Asamblea Legislativa, el 10 de febrero de 2020.

Militares patrullando en las proximidades de la Asamblea Legislativa, el 10 de febrero de 2020.

“El ostentoso despliegue policial y militar en la Asamblea Legislativa nos recuerda las épocas más sombrías de la historia de El Salvador, y emite una alerta internacional sobre el futuro de los derechos humanos en el país”, indicó AI en un comunicado de prensa.

El embajador de EE.UU. en El Salvador, Ronald Johnson, recurrió a las redes sociales para hacer un llamamiento al diálogo: “Creo en el espíritu democrático que vive en todos los salvadoreños y estoy convencido de que la mejor vía de resolución de los conflictos es el diálogo razonable y el respeto mutuo”.

Posibles salidas

Llegados a este punto es difícil saber si los diputados finalmente cederán o si, por el contrario, será Bukele quien acabe aparcando el proyecto hasta dentro de un año, cuando se celebren los próximos comicios municipales y legislativos.

Thale dijo que “no cabe duda” de que el presidente salvadoreño no va a cejar en su propósito de sacar adelante su plan de seguridad, pero expresó su deseo de que lo haga de manera “pacífico” y apuntó a las elecciones municipales y legislativas de febrero de 2021 como una posible solución.

El propio Bukele, cuyo partido (Nuevas Ideas) parte como claro favorito en los próximos comicios, parece contemplar esta opción como un mejor camino que el uso de la fuerza.

“Yo le he preguntado a Dios y Dios me dijo: ’paciencia, paciencia, paciencia’. El 28 de febrero todos esos sinvergüenzas van a salir…», comentó el mandatario el domingo, a las puertas de la Asamblea Legislativa, donde se congregaron cientos de ciudadanos para expresarle su apoyo.