LIMA – Una delegación de alto nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegará este domingo a Perú como parte de la activación de la Carta Democrática Interamericana que el Gobierno de Pedro Castillo solicitó en una carta, el pasado 19 de octubre ante el Consejo Permanente.
Este grupo estará conformado por cinco ministros de Relaciones Exteriores: Santiago Cafiero (Argentina), Juan Carlos Holguín (Ecuador), Mario Búcaro (Guatemala), Julio Arriola (Paraguay) y Eamon Courtenay (Belice). Además, los vicecancilleres Laura Gil (Colombia) y Christian Guillermet (Costa Rica). En representación del secretario general Luis Almagro se designó a Eladio Loizaga.
Perú recibirá por tercera vez en los últimos 22 años a una representación de la OEA en medio de una crisis política. La primera sucedió en 2004 cuando el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), prófugo de la justicia por el caso Odebrecht en Estados Unidos, afrontó pedidos de la oposición para que sea destituido por su baja popularidad e inestabilidad de su administración.
La segunda se dio en 2017 cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) afrontó un proceso de vacancia en el Congreso de la República tras descubrirse que dos empresas suyas tuvieron contratos con la empresa brasileña Odebrecht cuando fue ministro de Economía y Finanzas en 2005.
En esta ocasión, Castillo recurre a la OEA porque argumenta que hay “un golpe de Estado en marcha” debido a la denuncia presentada por la Fiscalía General por presuntos actos de corrupción en su gobierno, así como también porque el Congreso promueve una denuncia por presunta traición a la patria contra él por deslizar la posibilidad de darle una salida al mar a Bolivia y una tercera moción de vacancia.
Lo cierto es que el presidente de Perú es acusado de ser el presunto jefe de una organización criminal «enquistada» en el Estado que direccionó una serie de licitaciones de obras públicas durante su administración, que empezó en julio del año pasado en el marco de los casos Puente Tarata y Petroperú.
Además, Castillo también es investigado por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado. También por un «presunto encubrimiento» para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal, y el supuesto plagio en su tesis de maestría.
La Voz de América entrevistó a analistas, políticos y representantes de organizaciones de la sociedad civil para saber qué expectativas tienen de la misión que aterrizará en Lima.
Equilibrio
“El hecho de que haya cinco cancilleres en funciones en la delegación denota la importancia que la OEA le está dando al tema peruano que podría ser emblemático. Un país cuya democracia se encuentra en riesgo por múltiples factores. Se acude al sistema interamericano para buscarse una ayuda o asesoría externa. Me parece que la OEA ha tomado este asunto con mucha importancia porque el caso peruano es complejo y difícil”, anota el internacionalista Óscar Vidarte.
La OEA ha tomado este asunto con mucha importancia porque el caso peruano es complejo y difícil”
El máster en Relaciones Internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia remarcó, además, que “cuando uno ve la composición de la misión, de alguna manera, no solo refleja la importancia que se le da al caso de Perú, sino un equilibrio de tendencias ideológicas”.
“Hay un balance adecuado porque es importante darle legitimidad a este grupo que viene. En la región también hay posiciones. En la última reunión del Consejo Permanente, uno se pudo dar cuenta que hubo países cuya narrativa pasaba por apoyar al régimen de Castillo como Argentina y Colombia y otros ponían énfasis en la institucionalidad democrática como Paraguay y Ecuador”, agrega Vidarte a la VOA.
El especialista consideró que la misión de la OEA se va encontrar con un panorama complejo por el choque de diversos poderes del Estado peruano. Y eso se va reflejar en su informe final.
“Más que recomendaciones, se dará un análisis por parte de un grupo imparcial que lo elevará al sistema interamericano y pondrá al Perú en el centro de la atención. Creo que el informe será muy duro con unos y otros. Todas las partes han contribuido al debilitamiento de la democracia en los últimos seis años, pero más en el último año. Tantas acusaciones contra el gobierno por su manejo poco transparente y una oposición, claramente, intolerante”, menciona.
Vidarte añade que la misión de la OEA será muy cauta en sus recomendaciones y resultará clave su papel a la hora de enviar “buenos oficios” para incentivar una mesa o canales de diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso con el fin de llegar a un acuerdo político como una vía de salida a la crisis. “Transición, gobernabilidad y nuevas reglas de juego son aspectos fundamentales que, digamos, la OEA le pondrá mucho énfasis en su informe. Más que recomendar, expondrá un análisis de la situación política del Perú”, finalizó.
Confrontación
La llegada de la OEA se da, en concreto, por el choque entre la administración de Pedro Castillo y la oposición.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, señaló en declaraciones para la VOA que espera que la llegada de la misión diplomática permita tender puentes con el Congreso para bajar la tensión política. “El Perú necesita estabilidad política, un sistema de justicia sano, imparcial. Necesita que los sectores crispados nos sentemos para identificar los problemas”, indicó.
Además, Sánchez insistió en que las investigaciones del Ministerio Público contra el presidente de Perú “debe investigarse, pero con el debido proceso, con un sistema de justicia autónomo, imparcial y coherente”.
Perú necesita estabilidad política, un sistema de justicia sano, imparcial”
El parlamentario Roberto Chiabra, uno de los más tenaces opositores al régimen de Castillo, le respondió a la VOA que espera que la misión de la OEA conozca la “verdad” y “la realidad de lo que vive nuestro país”. “El canciller mandó una carta a la OEA con una serie de mentiras y faltas a la verdad. Ahí señaló que era algo inédito que se haya censurado a seis ministros en un año, pero no puso que era también inédito tener más de 70 ministros en un año”, explicó.
El exministro de Defensa durante la gestión de Alejandro Toledo añadió que “el presidente Castillo tiene un mensaje de incitación a la violencia permanente”. “El canciller ha recurrido a la OEA para que se fomente el diálogo; sin embargo, el presidente por qué no ha convocado al Acuerdo Nacional. La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, le pidió dos veces que convoque al Consejo de Estado. Ni que decir del cardenal Pedro Barreto, quien intentó tender puentes”, mencionó.
Chiabra exigió que la delegación de la OEA se reúna con todos los actores de la sociedad civil, los poderes del Estado y los gremios de los medios de comunicación para que se conozca la real dimensión de la situación en el país y no la narrativa del gobierno sobre “un golpe de Estado en marcha”.
“La Fiscal de la Nación está cumpliendo con la Constitución. Ha realizado una investigación preliminar y envió la denuncia al Congreso para que se autorice a iniciar la investigación preparatoria. Si el Congreso no lo autoriza, la Fiscal de la Nación no va avanzar ni acusar al presidente de la República”, acotó.
Para Chiabra, “activar la Carta Democrática afecta la imagen del país y nos hace un daño a las personas que quieran invertir acá porque ya no lo harán porque se encontrarán con esta noticia. Con eso ya perdimos”. “No se entiende el mal asesoramiento del presidente Castillo”, dijo.
El parlamentario de oposición cuestionó también el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el país atraviesa una crisis política e institucional por la falta de definición de tres figuras constitucionales: la acusación constitucional; vacancia presidencial por incapacidad moral permanente; y, la disolución del Congreso por la negatoria de confianza a dos consejos de ministros.
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