Manifestaciones ciudadanas masivas, renuncias en el gabinete, sospechas de vínculos con el régimen de Maduro, una muerte sospechosa, una reforma fallida, una coalición fragmentada en el Congreso y denuncias de espionaje ilegal. Si no fuera porque Colombia es un país con más de 30% de personas bajo la pobreza y una ciudadanía decepcionada con un gobierno paralizado, la situación política del país tiene todos los elementos para constituir el guion de una serie televisiva.
A un año de la victoria de Gustavo Petro en el ballottage contra el outsider Rodolfo Hernández y a menos de 12 meses de su llegada al poder, el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia atraviesa su peor crisis de gobierno. Si bien el problema parece haber empezado hace algunas semanas con una denuncia de corrupción contra quien solía ser la jefa de gabinete del mandatario sumado a investigaciones que sospechan que el régimen de Nicolás Maduro estuvo detrás del financiamiento de su campaña presidencial, la realidad es que la magnitud de la crisis es mucho más profunda de lo que parece y los inicios del conflicto se remiten a la misma llegada de Petro al Palacio de Nariño.
Con una campaña presidencial que incluía promesas de reformas estructurales y la esperanza de un nuevo comienzo ante un candidato que se presentaba como distinto a todos los mandatarios anteriores, Gustavo Petro llegó al poder como parte de una ola que atravesaba a gran parte de América Latina: la crisis de representación y el descontento ciudadano. De hecho, la insatisfacción de los latinoamericanos con sus gobiernos es tan grande que sobre un total de 17 elecciones presidenciales en la región desde el año 2019, en 15 de ellas el oficialismo perdió los comicios, generando una alternancia partidaria y en general también ideológica. Y Gustavo Petro no fue la excepción. Sin embargo, y como parte de la fragmentación partidaria que también es una realidad en América Latina, los más de 8 millones votos que sumó su Pacto Histórico solamente se tradujeron en el 15% de las bancas en el Congreso, obligando al jefe de Estado a expandir su alianza de gobierno con partidos que históricamente habían sido enemigos de Petro en sus épocas de guerrillero, como los Conservadores y Liberales. Esta concertación multipartidaria era uno de los grandes desafíos para el presidente ya que, en gran medida, poder cumplir con su plataforma de campaña dependía de los acuerdos legislativos que pudiera tejer con otras fuerzas legislativas. Sin embargo, y de la misma manera que viene sucediendo hace años en la región, la ilusión duró poco. Después de varios escándalos judiciales que salpicaron al presidente y a su entorno, hace algunas semanas tanto el Partido Conservador como el Partido de la U abandonaron la coalición de gobierno, dejando al oficialismo en minoría en ambas cámaras del Congreso. Frente a esto cabe preguntarnos, ¿cómo hará el presidente para poder aprobar sus prometidas reformas en el sistema de salud y en el de pensiones, o las modificaciones tributarias sin mayoría en el Poder Legislativo? ¿Cómo explicará el bloqueo legislativo y la gran dificultad para aprobar sus reformas frente a una opinión pública que depositó sus esperanzas en un cambio político? Por ahora, la estrategia del mandatario fue radicalizar sus discursos instalando la idea de que le quieren hacer un golpe de Estado o incluso acusando a sus enemigos de querer asesinarlo, generando una reminiscencia de violencia política que daña la calidad democrática en un país cuyo Estado ha tenido serias dificultades para desplegar la institucionalidad en todo el territorio.
La paralización de su gestión es tan preocupante que ni siquiera la buena noticia del hallazgo con vida de cuatro niños indígenas perdidos en la selva hace algunos días o el cese al fuego temporal con el ELN, la guerrilla más poderosa de América Latina, han hecho olvidar a la ciudadanía de lo que está pasando políticamente en Colombia. Hoy el nivel de desaprobación del presidente escala al 62% de los entrevistados, y entre ese núcleo de descontento se encuentra la juventud que votó por Gustavo Petro, confiada en un recambio político. Y este descontento no queda circunscripto meramente a las encuestas de opinión, sino que la semana pasada se materializó en una masiva marcha en la que más de dos millones de personas se congregaron en ciudades importantes como Medellín para pedir directamente la renuncia del presidente.
Y si bien el desgaste de la gestión de Pacto Histórico es inédita para el poco tiempo que lleva en el poder, la situación no se limita meramente al caso colombiano, sino que, lamentablemente, forma parte de una realidad que afecta a muchos de los gobiernos que asumieron el mandato en los años más recientes en América Latina. Como consecuencia de la ya mencionada crisis de representación, en los últimos años han obtenido triunfos rutilantes varios candidatos que desafiaban a la política tradicional. Sin embargo, en líneas generales, estos presidentes asumieron con un bajo porcentaje de apoyo electoral, lo que redujo no solo su período de luna de miel a la mitad del tiempo promedio, sino también se tradujo en una poca representación legislativa en los respectivos congresos. Al día de hoy, de 20 presidentes en América Latina solamente la mitad tiene mayoría en por lo menos una de las cámaras. Esto significa que hoy hay diez presidentes, entre los que se encuentran mandatarios de países estratégicos como Brasil, Chile, Perú o incluso Colombia, que tienen que negociar con fuerzas políticas con las que tienen poco en común. Y del otro lado se encuentra un núcleo duro de votantes, que tal vez no sea mayoría numéricamente, pero sí en su visibilización en la opinión pública, que espera que las promesas electorales en las que depositaron su confianza se vean cristalizadas a corto plazo. Esta bomba de tiempo obliga a los presidentes a consolidar sus reformas en un período más corto y con mayores adversidades frente a legislaturas reactivas que no tienen ningún tipo de incentivo para cooperar con el presidente. Para ello, los mandatarios generan intentos de acuerdos con fuerzas políticas a veces ideológicamente antagónicas que provocan un mayor desencanto en los votantes.
El panorama no parece alentador y, aun con sus diferencias coyunturales, ver lo que pasó en Perú con Pedro Castillo y lo que sucede con Gabriel Boric en Chile parece darnos una pauta de los desafíos que ya están atravesando los gobiernos de Lula da Silva en Brasil y Gustavo Petro en Colombia para instalar sus tan prometidas reformas sociales e institucionales. Frente a esto, ¿podrán convencer a una opinión pública cada vez más ansiosa y polarizada que no está dispuesta a esperar otros 10 o 20 años para ver cristalizados los cambios que les prometieron? ¿Podrán los gobiernos conciliar posiciones con fuerzas políticas antagónicas, pero necesarias para aprobar las reformas? Y en el caso puntual de Colombia, ¿podrá el primer presidente de izquierda de la historia revertir el clima de crispación e inestabilidad que una vez más asalta el país?
* Licenciada en Ciencias Políticas (Universidad Católica Argentina) – Investigadora del Centro de Estudios Internacionales (CEI-UCA).