En lo que representa uno de más de 200 juicios, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó este jueves a 17 años de prisión al primer procesado por el ataque a las sedes de los tres poderes en Brasilia, ocurrido el 8 de enero pasado, días después de la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotó en las elecciones a Jair Bolsonaro.
Se trata de Aecio Lucio Costa Pereira, un ciudadano brasileño de 51 años oriundo de San Pablo, que fue detenido tras causar destrozos en el Congreso y luego de haberse filmado en la silla del titular del Senado con una camiseta que tenía la inscripción “Intervención militar ya«.
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Pereira fue condenado por los delitos de «daños agravados, deterioro del patrimonio público, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y asociación delictiva», los cinco cargos por los cuales lo acusó la Fiscalía.
«El plenario del Supremo Tribunal Federal, por mayoría de votos, decidió condenar a Aecio Lucio Costa Pereira a la pena de 17 años», expresó la presidenta de la Corte, Rosa Weber al finalizar el juicio contra los seguidores del expresidente Bolsonaro que además del órgano legislativo también saquearon el Palacio del Planalto, sede del Poder Ejecutivo, y el Tribunal de Justicia.
Asimismo, informó que el hombre deberá pagar una multa individual y una indemnización grupal por «daños morales y materiales colectivos» de 30 millones de reales, unos seis millones de dólares, junto con las demás personas que sean sentenciadas durante el proceso judicial.
«No se trató de un paseo por el parque»
La condena que finalmente eligió el Máximo Tribunal brasileño fue la más severa propuesta entre los once jueces. El magistrado relator del proceso, Alexandre de Moraes, quien propuso los 17 años de cárcel, dijo que los manifestantes querían «convencer al Ejército de adherir a ese golpe de Estado» y estaban seguros de que iban a lograrlo.
El funcionario mostró un video de Pereira dentro del recinto del Senado en el que celebraba la invasión y la incentivaba a través de sus redes sociales. Solamente dos de los jueces de la corte desestimaron los cargos de tentativa de golpe.
«Realmente no se trató de un paseo por el parque. Fue un domingo de devastación, el día de la infamia», manifestó la jueza Weber sobre aquel 8 de enero durante su intervención en el juicio. La invasión y saqueo a las sedes de la Presidencia, del Congreso y del propio tribunal sucedió una semana después de la investidura de Lula.
El Juez Cristiano Zanin, por su parte, sostuvo que el objetivo de los manifestantes era, mediante el empleo de la violencia, «sitiar Brasilia y propagar por el país la práctica de actos criminales, atentatorios contra el estado de derecho».
Más de 200 juicios en camino
La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil presentó un total de 232 denuncias contra los presuntos responsables de los delitos más graves, entre quienes se incluyen el primer condenado y otros tres que serán juzgados en los próximos días. Los acusados son todos hombres, de entre 24 y 52 años.
Bolsonaro, que recientemente fue inhabilitado para participar en las elecciones por ocho años por haber «abusado de poder» al desinformar sobre el sistema electoral, es investigado por su presunto papel como instigador de los hechos. El ex presidente, que se encontraba en Estados Unidos en ese momento, negó cualquier responsabilidad.
Previo al 8 de enero, convencidos de que el ex Jefe de Estado había sido víctima de fraude electoral, miles de sus simpatizantes promovieron cortes de rutas y manifestaciones frente a cuarteles militares pidieron una intervención militar.
Miembros de la cúpula policial del Distrito Federal, región de Brasilia, fueron detenidos el mes pasado, acusados de «omisión» y tentativa de golpe de Estado, después de que las investigaciones revelaran una «alineación ideológica y de propositos» con quienes organizaron las protestas, según dijo la Fiscalía.
Además de las denuncias por los delitos más graves, los funcionarios judiciales analizan más de mil casos que en vez de tener condenas penales terminarán en multas y contribuciones sociales.
FP CP