El Consejo de Gobierno de las islas Baleares, en España, aprobó un decreto de «turismo responsable» que renombra aunque mantiene el mismo espíritu del anterior sobre «turismo de excesos«, o «turismo de borrachera». Incluye la prohibición de beber alcohol en la calle en las zonas reguladas, con sanciones económicas muy fuertes.
Según las autoridades, quien viole la normativa de consumo de bebidas alcohólicas en áreas no autorizadas podría recibir una multa que va desde los 500 a los 1.500 euros, es decir entre unos 540 y 1600 dólares.
Tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, con la mirada puesta en que la situación se ordene y «en tres años este decreto ya no sea necesario«, según las autoridades.
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Laa norma también prohíbe que que las embarcaciones con fiestas o eventos multitudinarios y venta de alcohol a bordo se acerquen a menos de una milla náutica (1,852 km) de las zonas afectadas. Los barcos tampoco podrán ni levantar ni desembarcar de pasajeros dentro de estas zonas.
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Aunque las nuevas medidas pretenden frenar aún más los comportamientos que perturban a la población local, el gobierno suavizó el lenguaje en torno a su decreto original de 2020 contra el «turismo de excesos». Ahora el término es «turismo responsable«. Lo hicieron al considerar que la redacción original atentaba contra la principal industria de las islas, donde el turismo representa más del 45% del PIB de la comunidad.
El archipiélago de las Baleares está compuesto por Mallorca y Menorca, entre otras islas e islotes. Fue durante mucho tiempo el centros de ocio nocturno para viajeros jóvenes y celebridades internacionales.
El decreto original de 22 artículos, del 2020, fue introducido tras informes de los medios de comunicación sobre «comportamientos incívicos en determinadas zonas turísticas» de Mallorca e Ibiza, atribuidos al consumo de alcohol. Consideraban que se había dañado la imagen de los destinos, además de complicarses la vida de los residentes.
«Año tras año han aparecido noticias relacionadas con comportamientos incívicos de jóvenes turistas que han causado una profunda inquietud en el resto de ciudadanos, en el sector hotelero y en las administraciones implicadas, señalaba el decreto, que señalaba que se habían producido heridos graves y también muertes.
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El decreto original establecía medidas para los alojamientos turísticos, la venta y publicidad de bebidas alcohólicas, sanciones y otras medidas. El recién modificado Decreto de Turismo Responsable asigna 16 millones de euros (unos 17,2 millones de dólares) de un impuesto de turismo sostenible para ayudar a las zonas afectadas a financiar proyectos de fomento del turismo responsable.
En abril, los habitantes de las Islas Canarias, otro archipiélago español, se movilizaron en protesta contra el «turismo excesivo», culpando a los visitantes de causar daños medioambientales como consecuencia del aumento del número de turistas de 11,5 millones anuales a 16 millones en la última década.
LT