El pasado 2 de mayo, a menos de una semana de la posesión de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica, heredera del poder de Rodrigo Chaves, Estados Unidos revocó las visas de cinco de los siete miembros de la junta directiva del Grupo Nación.
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La decisión llegó sin una explicación por parte de las autoridades estadounidenses y convirtió al principal periódico costarricense, La Nación (miembro del Grupo de Diarios América-GDA), en el nuevo protagonista de una serie de medidas que también alcanzaron a otras figuras públicas del país, como diputados, magistrados y personalidades que han cuestionado a la administración de Donald Trump, entre ellos el expresidente y Nobel de Paz Óscar Arias.
Tras conocerse la revocatoria de las visas, la Embajada de EE. UU. en Costa Rica se limitó a señalar que la política de Washington es no comentar casos individuales relacionados con estos documentos. Para los afectados, sin embargo, la decisión de las autoridades estadounidenses constituye un ataque directo contra la independencia de uno de los medios más críticos del país.
“Hoy tenemos razones muy sólidas para suponer que no se trata solo, ni tanto, de qué se piense en Washington; muchos elementos también apuntan hacia la Casa Presidencial de Costa Rica. La convergencia de ambos es alarmante tanto por el método como por los propósitos que lo animan. No solo vulneran seriamente la libertad de expresión, sino la integridad de nuestra democracia”, indicó en su editorial del 4 de mayo la casa editorial, al advertir sobre el acercamiento cada vez mayor entre el Gobierno de Costa Rica y la administración Trump.
El expresidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves (d.), y su sucesora, Laura Fernández. Foto: AFP
Y es que la incomodidad del Ejecutivo con La Nación tiene antecedentes. Antes de la llegada al poder de Rodrigo Chaves (2022-2026), el periódico publicó investigaciones sobre casos de acoso sexual durante su etapa como funcionario del Banco Mundial.
Más adelante, también realizó seguimientos a asuntos relacionados con el financiamiento de la campaña que lo llevó a la Presidencia.
Para Fabrice Le Lous, director editorial de La Nación, la cancelación de visas forma parte de una estrategia política más amplia orientada a profundizar la polarización.
Ese historial explica por qué la decisión estadounidense fue recibida con suspicacia por parte del medio y provocó reacciones inmediatas.
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A su vez, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) pidió explicaciones y manifestó su preocupación por las implicaciones que podría tener una medida de este tipo. La organización, con sede en Miami, subrayó en un comunicado que “es fundamental que se expliquen los criterios que sustentan estas decisiones”.
Además, recordó que durante los últimos años ha advertido sobre un deterioro significativo de las condiciones para el ejercicio de la libertad de prensa en Costa Rica bajo la administración de Chaves.
El deterioro de la libertad de prensa en Costa Rica
La preocupación de la SIP se produce en un contexto de creciente deterioro de los indicadores internacionales sobre libertad de prensa en Costa Rica y en la región en general.
RSF atribuye este descenso a un clima cada vez más adverso para el ejercicio del periodismo, marcado por la confrontación entre el poder político y medios críticos, cuestionamientos públicos a periodistas y dificultades en el acceso a información estatal.
La Nación tiene circulación diaria en Costa Rica desde 1946. Foto: Rafael Pacheco Granados. La Nación
En sus informes más recientes, la organización advirtió que durante el gobierno de Chaves se registró un deterioro sostenido del entorno para la prensa, una situación que dio mayor relevancia a las sospechas generadas por la revocatoria de visas a los directivos de La Nación y amplificó las preocupaciones sobre posibles mecanismos de presión contra voces independientes.
“El caso de Costa Rica es particularmente relevante porque está sentando un precedente preocupante en la región. Creo que el problema de la autocensura está cada vez más presente en América Latina debido al avance de gobiernos con rasgos autoritarios, o directamente autoritarios, que dificultan cada vez más el trabajo de la prensa”, afirma la periodista boliviana de CONNECTAS, Fabiola Chambi, quien ha seguido de cerca las denuncias sobre restricciones y presiones contra medios de comunicación en la región.
Las críticas también llegaron desde Estados Unidos. Legisladores demócratas del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes cuestionaron a Marco Rubio y al Departamento de Estado y solicitaron aclaraciones sobre una política que, según señalaron, estaba siendo aplicada contra actores que mantenían posiciones críticas o independientes frente a determinados gobiernos aliados de Washington.
Revocatoria de visas: ¿una herramienta de presión política?
El caso costarricense empezó entonces a ser observado dentro de un fenómeno más amplio.
Diversos analistas, diplomáticos y organizaciones identificaron un patrón en el que la revocatoria de visas dejó de utilizarse exclusivamente para asuntos migratorios o de seguridad y comenzó a aparecer como una herramienta de presión política.
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Y es que, a diferencia de las sanciones económicas o los procesos judiciales, las cancelaciones de visas pueden ejecutarse sin necesidad de explicar públicamente sus fundamentos, debido a las normas de confidencialidad que rigen estos procedimientos.
Uno de los casos recientes que recuerda CONNECTAS es el del periodista paraguayo Enrique “Kike” Gamarra, a quien el Departamento de Estado le revocó la visa tras un comentario sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
Durante una transmisión, Gamarra calificó a Kirk como “un hijo de puta”, lo que derivó en la cancelación de su permiso de ingreso a Estados Unidos.
De igual manera, el caso de Costa Rica no es el único que despierta preocupaciones sobre el uso de estos mecanismos para presionar a medios de comunicación críticos en América Latina.
Aunque los contextos son distintos, organizaciones como la SIP advierten que en varios países de la región se observa una tendencia a utilizar herramientas administrativas, judiciales o económicas para afectar a periodistas, empresarios de medios y voces opositoras sin recurrir necesariamente a la censura directa.
Javier Milei y la confrontación permanente con la prensa en Argentina
Uno de los ejemplos más visibles de esta tensión entre el poder político y la prensa se encuentra en Argentina. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) repudió recientemente los “constantes insultos” del presidente Javier Milei contra periodistas y medios, luego de que este intensificara sus ataques desde redes sociales y discursos públicos. Milei suele acusar a periodistas críticos de ser “corruptos”, “ensobrados” o parte de una supuesta “casta mediática”.
Pero el conflicto dejó de ser únicamente retórico cuando, en abril pasado, el gobierno argentino decidió restringir el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada tras una denuncia por un supuesto caso de “espionaje ilegal”, relacionado con la difusión de imágenes grabadas dentro de la sede presidencial mediante gafas inteligentes.
Casa Rosada luego de que el gobierno del presidente Javier Milei prohibiera el acceso a periodistas. Foto: AFP
La medida incluyó la desactivación del sistema de ingreso biométrico utilizado por los reporteros y fue defendida por el secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien afirmó que el objetivo era “garantizar la seguridad nacional”.
Naturalmente, la decisión generó un fuerte rechazo entre periodistas y organizaciones de prensa. Los corresponsales acreditados calificaron la medida como “injustificada” y advirtieron que constituye un ataque a la libertad de prensa y al derecho ciudadano a la información.
Tatiana Scorciapino, periodista acreditada en la Casa Rosada, aseguró, en declaraciones a EFE, que los comunicadores se enteraron de la prohibición cuando intentaron ingresar al edificio. Según dijo, “nunca en la historia democrática nacional ocurrió algo de este calibre”, y denunció que no hubo una explicación oficial sobre el cierre de la sala de prensa.
Varios periodistas remarcaron que la sala de prensa permaneció operativa incluso durante la última dictadura militar argentina (1976-1983), de ahí que algunos calificaran la decisión como un “hecho sin precedentes”.
Si volvemos al contexto social, la medida se produjo en un momento de creciente confrontación entre el gobierno de Milei y los medios de comunicación. Desde su llegada al poder, el mandatario ha mantenido frecuentes enfrentamientos con periodistas, a quienes suele acusar de actuar en contra de su administración.
En ese escenario, distintas organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa advirtieron sobre un deterioro de las condiciones para el ejercicio periodístico en Argentina desde la llegada de Milei al poder.
Un informe del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) señaló que 2025 fue el año más crítico para la libertad de prensa desde que la organización comenzó a recopilar datos en 2008.
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El reporte documentó discursos estigmatizantes contra periodistas, agresiones físicas, ataques judiciales y restricciones al acceso a la información.
Entre enero y diciembre de 2025 se registraron 278 casos, un aumento del 55 por ciento frente a 2024 y del 139 por ciento en comparación con 2023. Según Fopea, Milei estuvo vinculado al 43 por ciento de las agresiones registradas, principalmente a través de discursos estigmatizantes, ofensas e insultos contra periodistas y medios de comunicación.
Para dos comunicadores argentinos que hablaron con este diario bajo condición de anonimato, estos episodios no son hechos aislados, sino parte de una estrategia discursiva que comparte rasgos con otros liderazgos populistas de distinto signo ideológico en América Latina.
Bajo esta lógica, la prensa deja de ser vista como un actor de control democrático y pasa a ser presentada como un adversario político.
El intento de Daniel Noboa por controlar dos medios ecuatorianos
Las preocupaciones sobre la utilización de mecanismos indirectos para presionar a medios críticos también alcanzaron a Ecuador.
Las portadas de los dos diarios ecuatorianos para el domingo 12 de abril. Foto: X Diario Expreso y Extra
Allí, los diarios Expreso y Extra denunciaron una serie de acciones que, según sus directivos, buscaban influir en el control accionario de la empresa editora Granasa tras la publicación de investigaciones sobre presuntas irregularidades en el sistema de salud pública y posibles casos de corrupción que involucraban a funcionarios del gobierno de Daniel Noboa.
De acuerdo con la denuncia de la compañía, la presión no se ejerció a través de la censura, sino mediante una combinación de actuaciones administrativas que incluyeron una intervención de la Superintendencia de Compañías, investigaciones tributarias, filtraciones de información y campañas de desprestigio que habrían buscado debilitar económicamente a la empresa y generar cambios en su estructura accionaria.
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No obstante, el Gobierno rechazó las acusaciones y sostuvo que las actuaciones respondían a procedimientos legales ordinarios y no a una estrategia para influir en la línea informativa de los diarios.
Aun así, la SIP afirmó, tras las denuncias, que la situación refleja una “grave escalada” de acciones contra medios en Ecuador y ubicó a ese país en el puesto 14 del ranking regional de libertad de prensa.
Para la organización, estos episodios evidencian cómo la disputa entre gobiernos y medios se ha desplazado hacia terrenos menos visibles, pero igualmente capaces de condicionar el ejercicio del periodismo y debilitar uno de los principales contrapesos de las democracias latinoamericanas.
CAMILO A. CASTILLO – Subeditor Internacional – X: (@camiloandres894)
