El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reveló el ya tradicional informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo correspondiente al año 2023. El reporte dejó a la Argentina bajo la lupa, citando la condena a la expresidenta Cristina Kirchner por corrupción y las amenazas contra el periodismo, entre otros asuntos que afectan a la calidad institucional.
Con un prólogo firmado por el presidente Joe Biden, el documento arroja duras críticas al gobierno de Unión por la Patria por su supuesta inacción en la lucha contra la corrupción, destacando el caso de la condena a Fernández de Kirchner en la causa conocida como Vialidad, donde fue sentenciada en primera instancia a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Cabe destacar que, aunque el informe hace hincapié en esa condena, no menciona casos específicos de corrupción en el Poder Ejecutivo, entonces a cargo del expresidente Alberto Fernández, pero sí menciona la corrupción en el sistema judicial y carcelario.
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Estados Unidos considera que Argentina tiene un “sistema judicial ineficaz y politizado”
Qué dice el reporte de EE.UU. sobre los derechos humanos en Argentina
El capítulo referente a Argentina, bajo el subtítulo «Corrupción en el Gobierno», brinda una serie de observaciones respecto al estado de los derechos humanos y la calidad institucional durante el último año de gobierno de Alberto Fernández.
Señala que, si bien la ley contempla sanciones penales por corrupción de funcionarios, su implementación por parte del gobierno fue poco efectiva, a lo que sumó el debilitamiento de las instituciones y un sistema judicial precario.
«Durante el año hubo numerosos informes de corrupción gubernamental. Las instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción», indica el texto que fue publicado por Antony Blinken en conferencia de prensa, este lunes 22 de abril.
Un ejemplo emblemático citado en el informe es el caso de Cristina Kirchner y otros nueve implicados en la causa Vialidad por corrupción en la concesión de obra pública en Santa Cruz. El grupo fue acusado de recibir sobornos, pagar sobornos o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015, un presunto soborno que «se estima en 160 millones de dólares».
«Fernández de Kirchner fue condenada y en diciembre de 2022 un tribunal de primera instancia la condenó a seis años de prisión, multa e inhabilitación perpetua para cargos públicos. La sentencia no sería definitiva hasta que se decidieran las apelaciones finales», continúa el reporte.
“El Ministerio Público es parte de la maquinaria represiva del Estado”
Además, se refiere a casos de corrupción que implican a miembros del Poder Judicial, como la sentencia contra el juez federal de Mendoza, Walter Bento, acusado de liderar una organización criminal vinculada al narcotráfico, un tema que preocupa particularmente a Washington.
«Fue acusado de lavado de dinero y de aceptar sobornos a cambio de clemencia y otros beneficios judiciales. El 8 de noviembre, Bento fue puesto en prisión preventiva tras perder los privilegios de inmunidad, cuando un jurado decidió destituirlo de su cargo por mal desempeño de sus funciones», detalla el informe.
Cárceles y libertad de prensa, los otros ejes del reporte
En cuanto a la corrupción en las fuerzas de seguridad, el informe realiza una caracterización general de la situación en el país, mencionando casos de extorsión y complicidad oficial, así como acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales.
«Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de quienes estaban involucrados en el tráfico de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el comercio sexual. Fueron frecuentes las acusaciones de corrupción en los tribunales provinciales y federales», indica al respecto.
Por otro lado, hace referencia a la preocupante situación carcelaria en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se destaca el «hacinamiento, la mala nutrición y atención médica», así como las «condiciones insalubres en las cárceles», que continúan siendo un problema persistente. Asimismo, indica que organizaciones de derechos humanos protestaron por el hacinamiento en las comisarías de Buenos Aires, donde se estima que 1.155 detenidos se encuentran recluidos en espacios diseñados para 543.
«El hacinamiento en los centros de detención a menudo daba lugar a que las personas permanecieran retenidas en las comisarías de policía durante períodos prolongados, aunque algunas ONG y el defensor del pueblo penitenciario nacional señalaron que la ley prohibía hacerlo», detalla el informe.
En relación con la libertad de expresión, el reporte del Departamento de Estado de EE.UU. señala que en 2023 hubo «comentarios agresivos contra periodistas por parte de líderes políticos y candidatos», así como declaraciones del presidente y de un gobernador provincial, que limitaron la libertad de prensa.
Además, se describe la situación de los periodistas en la ciudad santafesina de Rosario, donde enfrentan intimidación y amenazas por parte de grupos criminales locales como aquellos ligados al narcotráfico y barrabravas. Esto, señala, representa una amenaza real a su seguridad, citando además informes de ADEPA y FOPEA.
En resumen, el informe del Departamento de Estado de EE. UU. no deja lugar a dudas sobre la gravedad de la situación en Argentina en materia de corrupción y derechos humanos, lo que plantea desafíos significativos para el gobierno y la sociedad en su conjunto.
CD / ED