Washington – El presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Charles Grassley (Iowa), pronosticó hoy que “de una forma u otra” habrá algún acuerdo en el Congreso para otorgar nuevos fondos de Medicaid a Puerto Rico que eviten un barranco fiscal en el sistema de salud de la Isla y otros territorios.
Grassley, sin embargo, indicó que su atención en estos momentos está en lograr acuerdos sobre los controles que deben imponérsele al gobierno de Puerto Rico para el manejo de los fondos de Medicaid, tras los cargos de corrupción en contra de la exdirectora de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila y dos contratistas, relacionados al plan de salud del gobierno puertorriqueño.
“Me he reunido con gente de Puerto Rico y no hemos hablado tanto de la cantidad de dinero (en comparación) con lo que hemos hablado para asegurarnos de que…se superan los problemas del dinero que ha sido mal utilizado. En eso es que está mi atención, más que en la cantidad del dinero”, dijo Grassley, al ser preguntado cuan cerca está de lograr un consenso con el liderato de la Cámara de Representantes en torno a las asignaciones de Medicaid para la Isla.
Cuando se le advirtió si los demás territorios pueden quedarse sin nuevas asignaciones debido a las dudas que hay en torno al manejo de los fondos en Puerto Rico, Grassley indicó que eso no debe ser una preocupación. “De una forma u otra va a haber algún dinero para Puerto Rico”, indicó el senador Grassley, cuya comisión tiene jurisdicción en el Senado sobre el programa Medicaid.
En su oficina de presidente en funciones del Senado, Grassley respondió hoy a preguntas de periodistas sobre los asuntos concernientes a su Comité de Finanzas.
A mediados de octubre, la comisionada Jenniffer González se entrevistó con Grassley, quien le dio a entender que no va a bloquear una nueva asignación de Medicaid para la Isla, como ha confirmado esta tarde.
El influyente senador republicano ha circulado un borrador de legislación que sugiere asignar a Puerto Rico $9,814 millones para los años fiscales 2020, 2021, 2022 y 2023, y fuertes medidas de control.
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en julio un proyecto que asignaría $12,000 millones en fondos de Medicaid a Puerto Rico, pero que también ordenaría nuevasmedidas de control sobre el gobierno de la Isla.
El gobierno de Puerto Rico ha advertido que sin nuevos fondos de Medicaid, el sistema de salud de la isla puede caer en marzo de 2020 en un abismo fiscal de por lo menos $1,200 millones anuales, si se toma como base la asignación federal que existía antes de la emergencia que causó en Puerto Rico el huracán María.
Por ley permanente, Puerto Rico recibe solo unos $375 millones en fondos de Medicaid, que al utilizarse deben contar con un pareo de 45% de fondos del gobierno puertorriqueño. Otros $146.5 millones – que salen de los programas de salud infantil federal (CHIP) y el Enhanced Allotment Plan (EAP)-, también ayudan a financiar el plan de salud del gobierno de Puerto Rico.
La directora interina de ASES Yolanda García indicó que esos fondos permanentes son las únicas asignaciones que tendrá el gobierno de Puerto Rico a partir del 1 de enero para asistir financieramente el plan de salud local si el Congreso no aprueba nuevos fondos antes de su receso de Navidad.
Bajo el borrador de legislación del senador Grassley, el gobierno federal financiaría el 70% de los costos de los servicios de Medicaid en Puerto Rico, por encima de la ley permanente vigente (55%) – que además impone un tope en las asignaciones-, pero por debajo de lo que recomienda el proyecto cameral (83% en 2020 y 2021, y 76% en 2022 y 2023).
Luego de Grassley haber pedido durante el verano información al Departamento de Salud federal sobre el uso que se le ha dado a los fondos de Medicaid en Puerto Rico – tras los cargos por corrupción -, su borrador exigiría auditorias forenses anuales sobre el manejo de las asignaciones. Si no se cumple con ese requisito, la aportación federal por servicio de Medicaid baja otra vez a un máximo de 55%.
El borrador de legislación de Grassley demanda además que el gobierno de Puerto Rico presente para el 20 de septiembre un plan de reforma del proceso de contratación para los servicios de Medicaid.
El gobierno de Puerto Rico legisla en estos momentos, por exigencia del gobierno federal, colocar las funciones de ASES bajo el Secretario de Salud.
Por medio del anteproyecto del senador Grassley, además, la dirección de los Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) podrá revisar todos los contratos relacionados a Medicaid, y por ende el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, que ha sido el eje de los cargos de corrupción que vincularon además a dos contratistas, Fernando Scherrer, hasta entonces director gerente de BDO, y Alberto Velázquez Piñol.
Tres meses después de la medida convertirse en ley, el pago promedio por servicios de Medicaid deberá cumplir con los requisitos que establezca el Secretario de Salud de EE.UU. Si no se cumple con esos objetivos, Puerto Rico se enfrentaría a una reducción adicional de 20% en la aportación federal.
Las autoridades de la isla deberán rendir además informes anuales a los líderes de los comités del Congreso con jurisdicción primaria sobre el programa Medicaid explicando cómo han utilizado el aumento en los fondos. Ese lenguaje del borrador de legislación de Grassley coincide con las medidas de control aprobadas en el Comité de Energía y Comercio de la Cámara baja.
Pero, con diversos acentos, la medida cameral también persigue que la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud federal audite los sistemas de contratación y la administración financiera del programa Medicaid en Puerto Rico.
En dos años, además, la Oficina de Contraloría General (GAO), tendría que emitir un informe sobre los procesos de evaluación de subastas y los procesos de otorgamiento de contratos, incluso los que no sean competitivos o requieran un proceso de solicitud de propuestas (Rfp).
También ordena poner en marcha un sistema de contabilidad para verificar cómo se manejan los programas y otra estructura administrativa que permita conocer los errores en los sistemas de pagos.
