Washington —
El referéndum previsto para el domingo en Ecuador definirá si los votantes dan el visto bueno o no a los cambios a la Constitución del país que busca el presidente Guillermo Lasso, quien defiende los cambios para hacer frente a los temas nacionales urgentes.
Al proceso ordinario para elegir a funcionarios del poder local como alcaldes y concejales se somete la boleta con las preguntas directas a los electores.
De las ocho preguntas a consulta el gobierno se ha concentrado más en las que corresponden al tema de seguridad y en la propuesta para reducir el número de diputados de la Asamblea Nacional dice a la Voz de América el analista ecuatoriano Juan Francisco Camino.
“El gobierno se ha centrado sobre todo en dos temas, en la reducción del número de asambleístas, aprovechando la falta de legitimidad que ahorita cruza el legislativo, y también la extradición de ecuatorianos hacia otros países; es una consulta popular que hay que ser sinceros el gobierno la está tratando de impulsar como una forma de levantar el capital político”, dice Camino.
Esto porque -según este politólogo- los estudios de opinión pública han mostrado un descenso muy pronunciado en la aceptación de los ecuatorianos sobre la gestión del presidente Lasso, quien pasó de gozar de una aprobación del 78 % al impulsar el plan de vacunación por COVID-19, al iniciar su mandato, a un 30 % de aprobación en la actualidad.
“Entonces el presidente quiere aprovechar esta consulta popular para darle un poco más de aire a su gobierno, un empujón”, reitera, porque los ecuatorianos están crispados con el tema de inseguridad.
Llamado a votar
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dicho que para esta elección busca robustecer la participación de los electores tanto dentro como fuera del país.
Para los ecuatorianos en el exterior se ha implementado la “Votación Telemática” en la que los electores pueden registrarse en línea en 52 zonas del planeta designadas, según el organismo electoral.
El CNE abrió la inscripción para este tipo de voto a los ciudadanos que reúnan los requisitos en agosto del año pasado y estará disponible la inscripción hasta este 5 de febrero.
“La Votación Telemática será la única modalidad de sufragio en las 52 zonas electorales definidas por el CNE. La misma permitirá elegir a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y Referéndum 2023”, según el CNE.
El presidente Guillermo Lasso durante una entrevista organizada por su gabinete de prensa y difundida en cadena nacional en días recientes dijo que la consulta ciudadana tiene como objetivos “mejorar la seguridad, la institucionalidad y dos temas importantes del medio ambiente”.
El mandatario ha reiterado que el plebiscito permitirá medir el clamor ciudadano ante los temas acuciantes y que su gobierno responderá a ese mandato que permite por esta vía hacer cambios a la Constitución.
«¿Qué la consulta no arregla todos los problemas del país?, sí, no los arregla. ¿Qué la consulta se concentra en el tema de seguridad?, sí, son elementos fundamentales que necesitamos para luchar contra la inseguridad», dijo el presidente Lasso.
Dificultad para acuerdos políticos
La periodista ecuatoriana y editora de política María Sol Borja escribió en un artículo de opinión publicado por The Washington Post que “Aun ganando la consulta popular, el gobierno de Lasso tiene las de perder en Ecuador”, y sostiene que la consulta podría solo ofrecer “espejismos” a un verdadero respaldo político.
“¿Por qué el gobierno de Lasso plantea entonces la consulta? Más allá de que pueda tener una visión convencida de que esta es una medida adecuada, también parece una urgencia por buscar respaldos políticos, aunque estos sean un simple espejismo”, escribió.
Cree que el año y medio de Lasso al frente del Ejecutivo ecuatoriano ha sido tiempo suficiente para comprobar “la enorme dificultad de generar alianzas políticas”, pues desde su candidatura al iniciar el gobierno se quebró incluso la relación con el Partido Social Cristiano que le apoyó para llegar al poder.
“La consulta podría ser, desde la mirada del gobierno, una forma de demostrar que tiene apoyo popular (…) No es lo mismo apoyar al gobierno de Guillermo Lasso que apoyar una consulta cuya pregunta de arrastre —aquella que podría ser más popular y que podría generar un “sí” en las demás— ofrece solucionar los problemas de inseguridad”, agregó Borja.
El cuestionario
De las ocho preguntas a consulta, la primera sobre la extradición de ecuatorianos, busca cambiar la prohibición constitucional aplicable a todas las modalidades de crimen, de ahí que se pregunta al soberano.
¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el Anexo 1?
Otras preguntas apuntan a redefinir una entidad para evaluación, capacitación y sanciones a los fiscales del país, por tanto la pregunta está dirigida a si se “está de acuerdo en garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado”, lo que también requerirá de una enmienda constitucional.
La actual Asamblea Nacional la integran 137 asambleístas y con los resultados del Censo de Población 2022, el número subiría a 152 escaños en 2025, por lo cual el gobierno pregunta a los ciudadanos si “está de acuerdo en reducir el número” proporcional a un legislador provincial por cada 250.000 habitantes, 2 diputados nacionales por cada millón de habitantes, y un representante por cada 500.000 ecuatorianos residiendo en el exterior.
La consulta popular busca también actualizar la participación de los grupos políticos al contarse 272 facciones a nivel nacional por lo que deberán responder si se “exige a los movimientos políticos tener un número mínimo de afiliados equivalente al 1,5 % del padrón electoral nacional».
En el tema de medio ambiente las preguntas dirigidas a los electores están enfocadas a crear nuevas instancias para protección de agua y mantos acuíferos y también para que el estado pueda compensar a ciudadanos, comunidades, pueblos u organizaciones “por su apoyo a la generación de servicios ambientales”.
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