Perú defendió en un informe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la legalidad sobre el polémico indulto humanitario por el que fue excarcelado en diciembre pasado el expresidente Alberto Fujimori, quien estaba preso por el asesinato de 25 peruanos durante su gobierno.
“Nuestro país ha actuado conforme a su marco jurídico interno y externo y ha seguido los procedimientos establecidos para el caso Fujimori”, dijo en una conferencia el ministro de Justicia Eduardo Arana el martes. Añadió que Peru exige respeto a su “soberanía jurídica nacional e internacional”.
La posición del gobierno es opuesta a la de los familiares de los 25 asesinados por militares en 1991 y 1992 mientras Fujimori era presidente (1990-2000) y por los que el expresidente fue condenado como autor intelectual a 25 años de cárcel. Fujimori cumplió 16 años en prisión y luego fue indultado.
El expresidente, de 85 años, no se arrepintió de sus crímenes ni pagó la reparación civil. Fujimori tiene otras tres sentencias por corrupción y debe alrededor de 15 millones de dólares al Tesoro público, según la Procuraduría especializada en delitos de corrupción.
La CorteIDH, el más alto tribunal latinoamericano en derechos humanos y al que Perú está sometido, pidió en diciembre al gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, no ejecutar una orden del Tribunal Constitucional para liberar a Fujimori, en el que reconocía el indulto humanitario que le fue concedido hace siete años y que estaba en disputa legal.
El gobierno excarceló a Fujimori el 6 de diciembre y la CorteIDH advirtió a Perú que se encontraba en desacato ante el tribunal internacional. Le pidió un informe para que explique con argumentos jurídicos la liberación del expresidente.
Fujimori logró su libertad luego de que el Tribunal Constitucional reviviera un indulto presidencial humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018). Los expertos interpretaron que Kuczynski otorgó el indulto para ganar apoyo parlamentario hacia su débil gobierno de parte de legisladores del partido fujimorista.
El indulto fue anulado por la Corte Suprema en 2018.
Fujimori fugó el 2000 a Japón desde donde renunció tras diversos escándalos de corrupción, incluida la difusión de un video en el que se observaba al jefe de espías de su gestión sobornando a congresistas opositores. En 2005, viajó a Chile donde fue detenido y extraditado a Perú en 2007.
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