Washington.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó hoy, jueves, revisar la constitucionalidad de la forma que fueron nombrados los actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico.
Al acoger todos los recursos de certiorari que se le habían presentado, el máximo foro judicial estadounidense convocó para la segunda semana de octubre a una audiencia oral en la que examinará el caso.
El tribunal informó que revisará la validez de los nombramientos hechos, que fueron declarados inconstitucionales por el Primer Circuito de Apelaciones federales.
También revisará el poder que tenían los miembros de la JSF para tomar decisiones como “funcionarios de facto”, si se confirmara la decisión del foro de apelaciones sobre la inconstitucionalidad de los nombramientos.
En su orden, el tribunal indicó que las partes que han impugnado la constitucionalidad de los nombramientos tendrán hasta el 25 de julio – cuando se conmemora la invasión estadounidense de Puerto Rico-, para presentar sus primeros argumentos.
Las partes que cuestionan que el Primer Circuito de Apelaciones validara las decisiones tomadas por la JSF, pese a declarar los nombramientos inconstitucionales, tendrán hasta el 22 de agosto para someter sus argumentos. Los que disputan la decisión de inconstitucionalidad del Primer Circuito, pero están de acuerdo en que las decisiones del ente fiscal son válidas, deben someter sus argumentos y respuestas a las otras partes para el 19 de septiembre.
El tribunal no hace referencia a que quede en suspenso la orden del Primer Circuito de Apelaciones que le dio al presidente Donald Trump y al Senado hasta el 15 de julio para confirmar a los actuales miembros de la junta o nuevos integrantes.
Trump envió el martes al Senado los nombramientos de los siete miembros de la JSF– José Carrión III, Carlos García, David Skeel, Andrew Biggs, Ana Matosantos y Arthur González -, pero el liderato del Comité de Energía y Recursos Naturales ha advertido que le tomará “varias semanas” solo examinar los documentos, antes de convocar a una audiencia.
La JSF volvió a pedir, el mismo martes, al Primer Circuito de Apelaciones que extienda la moratoria que concedió para que los miembros del ente fiscal puedan seguir tomando decisiones.
El abogado de la UTIER, Rolando Emmanuelli, sostuvo que al no ordenar suspender la moratoria, el máximo foro judicial puede estar esperando que esa decisión la tome el Primer Circuito, cónsono con la revisión del caso que se hará.
“Han establecido un itinerario apretado. Denota la prioridad con la que quieren atender el asunto”, dijo Emmanuelli.
Más allá de los argumentos específicos del caso – que tiene el nombre de Aurelius versus JSF-, Emmanuelli sostuvo que puede ser una oportunidad para que el Tribunal Supremo estadounidense “esclarezca más la relación (colonial) política entre Puerto Rico y EE.UU.”.
Todas las partes activas en el caso Aurelius versus la JSF habían pedido al tribunal que decidiera antes de iniciar a finales de este mes su receso y en ese sentido descartado responder a los argumentos más recientes de las partes, como el certiorari presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en favor de revocar la decisión del Primer Circuito de Apelaciones.
En su decisión de mediados de febrero, el Primer Circuito de Apelaciones declaró inconstitucional los nombramientos de los actuales miembros de la JSF, por considerar que son funcionarios federales de alto nivel que debieron ser designados directamente por el presidente y confirmados por el Senado estadounidense.
En ese sentido, el Primer Circuito decidió que los nombramientos violaron la cláusula constitucional de nombramientos, que se ha determinado que exige que el presidente nombre y el Senado le de su consejo y consentimiento sobre los funcionarios federales de alto nivel.
Seis de los siete miembros de la JSF – José Carrión III, Carlos García, David Skeel, Andrew Biggs, Ana Matosantos y Arthur González -, fueron nombrados por el entonces presidente Barack Obama a base de listados de candidatos presentados por los líderes del Congreso, como permite la ley Promesa. El séptimo, José Ramón González, fue nombrado directamente por Obama. Ninguno fue confirmado por el Senado federal.
