Richmond, Virginia— Menos de dos horas después de iniciar una sesión especial convocada en respuesta a un tiroteo masivo, los legisladores de Virginia la suspendieron el martes sin tomar decisiones y aplazaron cualquier medida sobre control de armas hasta después de las elecciones de noviembre.
La sesión sobre violencia con armas de fuego convocada por el gobernador demócrata Ralph Northam tuvo un arranque caótico, y el líder de la mayoría demócrata en el Senado evitó un motín en su bancada al abandonar públicamente una propuesta de control de armas que él había presentado un día antes.
Los legisladores fueron convocados al Capitolio estatal para considerar un paquete de ocho medidas de control de armas propuesto por Northam, que ha pedido “leyes, no rezos y pensamientos” en respuesta a la masacre de 12 personas por un empleado municipal en Virginia Beach a finales de mayo.
El presidente de la cámara baja Kirk Cox dijo que la sesión era prematura porque la masacre aún está siendo investigada.
“Todo el asunto es un truco electoral”, dijo Cox.
El líder de la mayoría senatorial Tommy Norment sorprendió a sus correligionarios republicanos presentando el martes una propuesta de ley para prohibir ampliamente la presencia de armas de fuego en edificios gubernamentales en el estado. Eso motivó una reacción inmediata de la bancada republicana, que controla la cámara alta apenas 20-19. Su principal contador de votos, el senador Bill Stanley, renunció como jefe disciplinario en protesta.
“A veces uno tiene que defender sus principios”, dijo Stanley.
Pero eso no duró mucho. Stanley dijo que Norment se disculpó durante una reunión de la bancada republicana antes del inicio de la sesión y le pidió que reconsiderase su renuncia. Stanley dijo que él fue el único voto en su contra cuando el caucus lo restauró como jefe disciplinario.
Si los republicanos hubiesen seguido unificados, el paquete de propuestas de Northam no tenía posibilidad de ser aprobado. Los republicanos tienen una mayoría más amplia en la cámara baja, donde han acusado al gobernador de explotar la tragedia por razones políticas.