Washington — El Tribunal Supremo federal allanó el viernes el camino para que el gobierno del presidente Donald Trump pueda canalizar miles de millones de dólares del Pentágono a la construcción de secciones de un muro divisorio en la frontera con México.
Los cinco magistrados conservadores del máximo tribunal dieron al gobierno luz verde para que comience las obras estipuladas en cuatro contratos ya asignados con recursos del Departamento de Defensa. Tribunales de menor instancia habían congelado la financiación de los proyectos. Los cuatro magistrados liberales de la corte se opusieron a permitir la construcción.
La decisión de los magistrados de descongelar los recursos permite a Trump avanzar en uno de sus principales compromisos de su campaña en 2016 mientras busca la reelección. Trump tuiteó después del anuncio: “Vaya. Gran victoria sobre el muro. La Corte Suprema federal anula la orden de un tribunal inferior, permite que proceda el muro de la frontera sur. Gran victoria para la seguridad fronteriza y el estado de derecho”.
En mayo, un tribunal de primera instancia congeló los recursos y una corte de apelaciones ratificó este mes la decisión. El congelamiento de los fondos había impedido al gobierno utilizar aproximadamente $2,500 millones del presupuesto del Departamento de Defensa para remplazar secciones existentes de barreras fronterizas en Arizona, California y Nuevo México.
El caso sobre el que falló la Corte Suprema comenzó después del cierre parcial del gobierno, que comenzó en diciembre del año pasado y se extendió por 35 días. Trump puso fin a ese cierre en febrero, cuando el Congreso le concedió aproximadamente $1,400 millones para el muro. Sin embargo, la cantidad fue mucho menor a los $5,700 millones solicitados, y el presidente declaró entonces una emergencia nacional para echar mano de otros recursos del gobierno y canalizarlos a la construcción de secciones del muro.
Los recursos que Trump pretendía incluían 3,600 millones de fondos para construcciones militares, $2,500 millones del Departamento de Defensa y $600 millones del fondo de activos confiscados del Departamento del Tesoro.
El caso ante el Tribunal Supremo implicó solamente los $2,500 millones del Departamento de Defensa, que el gobierno asegura serán utilizados para construir más de 100 millas de barreras. Uno de los proyectos prevé sustituir =46 millas de barreras en Nuevo México a un costo de $789 millones. Otro reemplazaría 63 millas en Arizona por $646 millones. Los otros dos proyectos en California y Arizona abarcan distancias menores.
Los recursos del Departamento del Tesoro han sobrevivido hasta ahora a diversas demandas judiciales, y Aduanasy Protección Fronteriza los ha asignado a obras en el Valle del Río Grande, aunque no ha otorgado contratos por el momento. La transferencia de los $3,600 millones correspondientes a fondos para construcciones militares aguarda la aprobación del secretario de Defensa.
La Unión Americana de Libertades Civiles interpuso la demanda a nombre de Sierra Club y la Southern Border Communities Coalition ante el Tribunal Supremo para oponerse a la utilización de los recursos del Departamento de Defensa.
