Washington – La gobernadora Wanda Vázquez Garced defendió el acuerdo preliminar de reestructuración de la deuda (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) – aunque reconoce que provocará un aumento en las tarifas a corto plazo- y la constitucionalidad de los nombramientos de los actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Vamos a estar de acuerdo porque es lo que se había hablado”, dijo Vázquez Garced, en entrevista con El Nuevo Día, tras las aseguradoras National Public Finance Guarantee Corporation y Syncora Guarantee sumarse al RSA en esa corporación pública.
Bajo el RSA, el recorte de la deuda pública queda en 32.5%, pero puede bajar a 22.5% si mejoran las finanzas de la AEE.
Al mismo tiempo, Vázquez Garced dijo que es inevitable que el RSA de la AEE provoque un aumento a corto plazo en las tarifas de electricidad.
“Para que se dé esa reestructuración, es improbable que un acuerdo traiga bajas de tarifas en estos momentos. Lo que tenemos que buscar es que el acuerdo sea (lo menos oneroso posible) para el pueblo puertorriqueño. Es casi imposible lograr una reestructuración bajando tarifas. El costo es demasiado. A largo plazo una vez se lleve a cabo la privatización, el resultado debe ser una baja en el combustible – sumado a proyectos de energía renovable- para que entonces el ciudadano común pueda ver una baja en el costo de la energía”, indicó la gobernadora.
El lunes, el presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rodríguez, envió una carta a Vázquez en la que le pidió rechazar el RSA de la AEE y le refirió el estudio del economista Ramón Cao que prevé un aumento en las tarifas de 13% a corto plazo y de 47% de cara a 2024, así como la pérdida de 170,000 empleos.
Los críticos del RSA sostienen que el recorte de la deuda de la AEE debería alcanzar el 80%.
Mientras, tanto la gobernadora Vázquez como la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, coinciden en que – independientemente de la revisión que hace el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la constitucionalidad de los nombramientos- el presidente Donald Trump debería redesignar a los siete miembros actuales del ente fiscal.
“Si esa fuera la determinación del presidente -volverlos a nombrar-, preferiría que sean ellos”, sostuvo Vázquez Garced, en una entrevista, en la que destacó la armonía que considera ha traído a las relaciones entre el gobierno de Puerto Rico y la JSF.
Bajo el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, “no había comunicación (con la JSF), era un ambiente más combativo”. “Tenemos que trabajar con la JSF en beneficio de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”.
La semana pasada, el congresista republicano Rob Bishop (Utah), expresidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU., exhortó a la gobernadora Vázquez Garced a colaborar con la JSF, alegó que hay legisladores que quieren apoyar al ente fiscal y afirmó que el exgobernador Rosselló Nevares buscó frustrar los trabajos del organismo.
“A partir del momento en que juramenté ha sido otra visión. Hemos tenido tres reuniones con la JSF”, indicó Vázquez Garced, en una entrevista entre medio de sus reuniones con funcionarios del Ejecutivo y el Congreso federal, en los que busca, entre otras cosas, comenzar a devolverle credibilidad al gobierno de Puerto Rico, presionar por el desembolso de fondos de recuperación y nuevas asignaciones de Medicaid.
De hecho, Vázquez Garced fue ayer al Departamnto de Educación federal para proponer que en vez de contratar a un agente fiduciario para manejar cerca de $600 millones en fondos federales, como ha ordenado el gobierno de Estados Unidos, se permita a la JSF vigilar esos fondos.
Indicó, a su vez, que de todos modos la JSF tendría que aprobar la contratación del agente fiduciario, que puede costar muchos millones de dólares.
La comisionada González, por su parte, afirmó que el presidente Trump debe volver a nombrar a los actuales miembros del ente fiscal, cuyos nombramientos – aunque vigentes hasta que sean reemplazados o en espera de la decisión del Tribunal Supremo que revisa la constitucionalidad de esas designaciones-, vencieron el pasado 30 de agosto.
“Empezar ahora a traer personas que no han vivido en ni manejado los asuntos de Puerto Rico puede significar medidas severas para la isla. Con los miembros (actuales) no habría que empezar un proceso en cero”, agregó.
El Tribunal Supremo estadounidense convocó para el 15 de octubre una audiencia oral como parte de la revisión que hace de la determinación del Primer Circuito de Apelaciones que determinó que la forma en que se hicieron los nombramientos a la JSF fue inconstitucional, pues violaron la cláusula constitucional que requiere que funcionarios federales de alto nivel sean designados por el presidente y confirmados por el Senado estadounidense.
No obstante, el foro de apelaciones validó las acciones tomadas por el ente fiscal.
Los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, por su parte, rechazaron apoyar la constitucionalidad de los nombramientos de la JSF o la redesignación de sus miembros actuales. “Combatí (la Junta) desde antes de que se creara”, sostuvo Méndez. Ante la alegación del congresista Bishop de que hay legisladores en Puerto Rico que quieren colaborar con la JSF, Méndez afirmó que “ha existido colaboración, pero en términos de sacar a Puerto Rico del atolladero económico en que nos sumió el Partido Popular Democrático (PPD), lo que no vamos a aceptar nunca es que la junta quiera gobernar por decreto y por encima de la voluntad del pueblo de Puerto Rico”.
