Washington – En un segundo día de audiencias, representantes de la sociedad civil de Puerto Rico exhortarán mañana, miércoles, al Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a tomar en cuenta, a la hora de intentar reformar la ley Promesa, el impacto negativo de las medidas de austeridad que imponen la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) o gobierno electo de la isla, y reclamarán medidas que incentiven el desarrollo económico.
El Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), con una matrícula de 1.8 millones de trabajadores, sostendrá que el proceso de reestructuración de la deuda que los autores de Promesa pronosticaron le daría a Puerto Rico “un nuevo comienzo” fracasa, porque la ley, con su énfasis en la restricción fiscal, buscó desde el principio beneficiar a los intereses de Wall Street y no a los puertorriqueños de la Isla.
“Puerto Rico está en bancarrota por errores de este Congreso, la avaricia de los fondos de cobertura de riesgo de Wall Street y el dolor infligido por huracanes”, indicará Alvin Velázquez, consejero legal asociado de la SEIU y quien ha sido representante del sindicato en el Comité de Acreedores no Asegurados (UCC) ante el tribunal de bancarrota territorial que creó la ley Promesa, según la ponencia que presentó por escrito.
El Comité de Recursos Naturales escuchará mañana– a partir de las 2:00 p.m.- a representantes de la SEIU, de la organización internacional Oxfam, la Coalición del Sector Privado, la Alianza Privada para el Crecimiento Económico de Puerto Rico y la entidad Foundation for Puerto Rico, como parte del proceso de discusión que impulsa su presidente, el demócrata Raúl Grijalva, en torno a un borrador de legislación que ha circulado con propuestas para enmendar Promesa.
En la sesión, también declararán el presidente de la Asociación de Economistas, Heriberto Martínez Otero, el estudiante Lyvan Buntin Rivera, de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Cecilio Ortiz, García, del National Council for Science and the Environment, y el director gerente de Chapman Strategic Advisors, James Spiotto.
Entre otras cosas, Grijalva ha incluido en su anteproyecto de ley iniciativas dirigidas a declarar como esenciales los servicios de salud, seguridad y educación, asegurar por lo menos $800 millones anuales de presupuesto a la UPR, crear una comisión para auditar la deuda, cancelar deuda no asegurada, evitar conflictos de intereses de los contratistas de la JSF y declarar como públicos los documentos relacionados a la deuda.
También propone fijar algunas metas de crecimiento económico, nombrar un coordinador federal para la Reconstrucción y derogar el puesto de Oficial de Revitalización de Infraestructura, para que se dedique específicamente a la revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En la primera audiencia, celebrada el pasado día 22, Grijalva obtuvo respaldo del liderato legislativo de Puerto Rico y la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, para iniciativas como la comisión para auditar la deuda, promover que el gobierno de la Isla sea el que defina lo que deben considerarse como servicios esenciales y que haya más transparencia sobre el proceso de reestructuración de la deuda.
Pero, a la misma vez, el líder de la minoría republicana en el comité, Rob Bishop (Utah), descartó vincularse con el proceso de enmiendas a la ley Promesa, por entender – como la JSF-, que es una distracción para el proceso de reestructuración de la deuda y ajustes fiscales que está en marcha en la isla.
Tanto la JSF como el gobierno de Puerto Rico rechazaron, por su parte, en la audiencia de la semana pasada, las iniciativas de Grijalva dirigidas a lograr una auditoría forense de la deuda, cancelar deuda y presumir como públicos los documentos relacionados a sus obligaciones financieras, entre otras cosas.
En su ponencia, Velázquez respaldará la comisión de auditoría de la duda, la cancelación de deuda no asegurada, una mayor transparencia de la junta y la definición de los servicios esenciales que se deben garantizar.
Con respecto a la divulgación pública de los documentos, Velázquez recomendará que cualquier enmienda otorgue jurisdicción al tribunal federal para hacer cumplir con algún nuevo apartado de la ley que tenga ese objetivo. Mientras, sostendrá que la auditoría de la deuda debe cumplir con los parámetros de la Oficina de Contraloría General (GAO) y la comisión que se cree ser una autoridad independencia al gobierno de Puerto Rico, con capacidad para acudir al tribunal federal a obligar a la JSF a cumplir con la política pública del plan de ajuste de la deuda.
Para Velázquez, Promesa ha fallado porque sus autores prefirieron la austeridad y ver lo más que se le podía pagar a los bonistas, en vez de centrar sus objetivos en el desarrollo económico para “conseguir prosperidad y salud económica a largo plazo, lo que incluiría el pago sostenible de deuda durante un tiempo razonable”.
Mientras los expertos sostienen que la deuda de Puerto Rico debería ser recortada en cerca de un 85%, los acuerdos preliminares alcanzados por la JSF con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica y los bonistas del gobierno central, pueden permitir que bonistas recuperen hasta el 89% de sus inversiones, indicará Velázquez, quien ha pronosticado que en cinco o 10 años Puerto Rico puede volver a necesitar reestructurar su deuda si siguen hacia delante las propuestas del ente fiscal.
La organización internacional Oxfam – que asiste a comunidades víctimas de desastre-, recomendará formalmente al Comité de Recursos Naturales que- independiente a la ley Promesa- se cree un Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil que puede asesorar y asistir un proceso de recuperación y reconstrucción de Puerto Rico, tras el huracán María, que sea transparente, rinda cuentas, promueva la equidad y la resiliencia.
“Le urgimos a trabajar con nosotros y líderes de la sociedad civil en Puerto Rico para conseguir nuestros objetivos comunes, presentando con rapidez y aprobando por la vía rápida en la Cámara de Representantes legislación para la creación del Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil”, afirmará Adi Martínez Román, analista de Política Pública de OxFam para asuntos de Puerto Rico.
Martínez Román señalará que Oxfam considera que “no existe nada más poderoso o efectivo para combatir la corrupción y garantizar que los dineros del gobierno federal satisfacen realmente las necesidades de las personas, que dar voz a los líderes de la comunidad”.
Portavoces del sector privado elogiarán que Grijalva busque cambiar el foco del debate sobre Promesa, de las medidas de austeridad que impone la JSF a la necesidad de impulsar el crecimiento económico, como hace una de sus potenciales enmiendas. Pero, también harán coro en contra del acuerdo preliminar de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Nuestra infraestructura se está desmoronando ante el impacto de 13 años de contracción económica y los efectos de dos grandes huracanes en un período de dos semanas. El otro factor es que el retraso en comprometer los fondos destinados a la recuperación retrasa los beneficios económicos para el pueblo de Puerto Rico”, indicará Liliana Cubano, quien es presidenta de la Asociación de Productos de Puerto Rico y hablará en la audiencia a nombre de la Coalición del Sector Privado.
Cubano afirmará que el Congreso debe reclamar a la JSF que sus decisiones sean cónsonas con elevar el desarrollo económico y que eche hacia atrás el acuerdo de reestructuración sobre la deuda de la AEE, que temen eleve en un 48% las tarifas de electricidad en la isla y frene más la inversión en la Isla.
“Ese acuerdo puede resultar en la pérdida de 178,000 empleos, una disminución de 22% en el Producto Nacional Bruto, y crear altas presiones inflacionarias”, añadirá Cubano.
También exhortará al Congreso a atender el precipicio fiscal que causaría al sistema de salud de Puerto Rico el agotamiento de los fondos no permanentes de Medicaid, que se acaban al finalizar el año, y presionar a favor del desembolso de los fondos para aliviar el desastre causado por el huracán María, que se entregan muy lentamente.
Por su parte, el portavoz de la Alianza Privada para el Crecimiento Económico de Puerto Rico, Rodrigo Masses, también demandará que la JSF se centre en el desarrollo económico y pedirá que el Comité le requiera al Gobernador (a) de Puerto Rico que sus oficinas a cargo de temas económicos provean, por medio de la Oficia del Contralor, un informe cada 60 días sobre los objetivos que consigue o lo que no ha logrado.
Masses insistirá en que haya total acceso al público y la prensa a los documentos sobre los procesos de contratación en torno a la recuperación de la isla, y una participación oficial a los municipios en el manejo de esos fondos. “La necesidad de reencaminar la economía de Puerto Rico es un asunto urgente”, afirmará Masses, al acentuar, con respecto a la AEE, que Puerto Rico debería aspirar a una tarifa de electricidad que no exceda de 15 centavos por kilovatio hora.
Con respecto a la propuesta en el borrador de Grijalva para crear una oficina para un coordinador federal a cargo del proceso de Reconstrucción de la Isla, la organización “Foundation of Puerto Rico” indicará que esa posición debe ser más una “persona de enlace” dentro del gobierno federal.
“Este enlace federal debe ayudar a las agencias federales y locales con el desarrollo de un proceso organizado y transparente en torno al financiamiento de los proyectos de recuperación y garantizar una participación adecuada de las comunidades, municipios y organizaciones no gubernamentales. Nuestra preocupación no solo debería ser el potencial uso indebido de fondos, para el cual ya existen numerosas salvaguardas, sino que también deberíamos estar rompiendo (estructuras organizacionales) y creando conexiones entre todos los programas para asegurarnos de implementar proyectos que tengan el impacto positivo más directo y duradero en la calidad de vida del pueblo de Puerto Rico”, indicará Annie Mayol, presidenta de Foundation of Puerto Rico.
El secretario de la Vivienda de la Isla, Fernando Gil Enseñat, delegó a Foundation of Puerto Rico el Programa Integral de Resiliencia Comunitaria, con un presupuesto de $37 millones en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR). Mayol sostuvo que el Programa Integral de Resiliencia Comunitaria “está diseñado para permitir a las comunidades de toda la isla determinar sus necesidades únicas, establecer metas a largo plazo y objetivos a corto plazo, identificar prioridades y solicitar fondos para el desarrollo de planes de resiliencia a largo plazo”.
Mayol también recomendará al Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja que se busquen alternativas para que los fondos de recuperación estén más accesibles para las comunidades y que se elimine el requisito de que el gobierno de Puerto Rico tenga que financiar parte del costo de proyectos locales, para garantizar que esas iniciativas “fluyan más rápido y de manera más efectiva”.
