Washington – Los congresistas demócratas Raúl Grijalva, Nydia Velázquez y Darren Soto defendieron ayer su participación en el debate judicial sobre el acuerdo preliminar de reestructuración de la deuda (RSA) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Los legisladores federales sometieron un argumento judicial para refutar la oposición del gobierno de Puerto Rico, que encabeza la gobernadora Wanda Vázquez Garced, y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a que sean parte, como amigos de la corte, de la discusión judicial sobre el RSA ante la jueza Laura Taylor Swain, del tribunal de bancarrota territorial creado por la ley Promesa.
Grijalva es presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, con jurisdicción primaria en la ley Promesa. Velázquez y Soto son los dos boricuas demócratas en ese comité.
“Cada decisión tomada por Promesa debería considerar la calidad de vida y la prosperidad económica en la isla. Lamentablemente, el actual acuerdo de reestructuración de la AEE no respalda ninguno de esos dos asuntos”, dijo Grijalva, al insistir en que el RSA representaría “tasas de electricidad significativamente más altas” en la Isla.
Bajo el RSA, el recorte de la deuda de la AEE quedaría en 32.5%, pero puede bajar a 22.5% si mejoran las finanzas de la AEE.
Los expertos dicen que el recorte de la deuda pública debería ser un 80%, y que el RSA puede provocar un aumento de 47% en las tarifas de cara al 2024.
La congresista Velázquez, por su parte, sostuvo que el RSA coloca en primer orden el lugar de los acreedores “por encima del pueblo de Puerto Rico y socavaría aún más la economía de la isla al aumentar las tarifas de electricidad».
Velázquez afirmó que el acuerdo de reestructuración “también socavaría el antiguo objetivo de llevar a Puerto Rico hacia un sistema de energía más sostenible y más limpio”.
“Espero que la Corte escuche los argumentos en nuestro informe y rechace este RSA para que podamos trabajar en una reestructuración de la AEE que impulse la prosperidad de Puerto Rico, en lugar de ponerla en peligro”, agregó.
Soto, por su parte, dijo que es responsabilidad de ellos como legisladores federales combatir un acuerdo que “pone en peligro el desarrollo económico de nuestros conciudadanos estadounidenses”.
