Washington – Unas 23 organizaciones basadas en Estados Unidos y Puerto Rico exhortaron hoy al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), a encaminar un proceso que permita a Puerto Rico alcanzar su soberanía e independencia.
“Lo que las protestas del verano de 2019 demostraron al mundo es que los puertorriqueños- no necesariamente los políticos – necesitan una democracia local fortalecida que responda a sus necesidades y una mayor autonomía directa sobre su futuro”, indicaron los grupos firmantes de una carta a Grijalva, con jurisdicción sobre el debate en torno al futuro político de la isla.
Las organizaciones firmantes de la carta incluyen a Boricuas Unidos en la Diáspora, Vamos Puerto Rico, Democratic Socialistas of America (DSA), National Lawyers Guild, Youth Climate Strike Puerto Rico, Our Revolution Puerto Rico, el Movimiento Diálogo Soberanista, el Movimiento Unión Soberanista (MUS), Alianza Pro Libre Asociación Soberana (ALAS), Philly Boricua y Diáspora en Resistencia, entre otros.
También se incluye la firma de unas 200 personas incluidos boricuas de Puerto Rico, Estados Unidos, Australia, países de Europa y Sudamérica.
“Ya es hora de que Puerto Rico comience a disfrutar una completa autonomía política para democráticamente legislar -haciendo así que quienes ejercen poder sobre sí rindan cuentas, por tanto devolviéndolo al pueblo puertorriqueño”, indicó Diana Sotomayor, portavoz de Boricuas Unidos en la Diáspora y quien reside en Bruselas, Bélgica.
Margaret Wooten, integrante de DSA, sostuvo que su grupo aprobó el pasado 27 de agosto una declaración en la que afirma su compromiso “con la descolonización completa de todas las tierras ocupadas de Estados Unidos».
En la misiva, los grupos destacan que la ley Promesa – que impuso una Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas del gobierno electo de Puerto Rico y estableció un mecanismo para reestructurar gran parte de su deuda-, ha sido todo lo contrario a lo prometido a la Isla.
“…No ha reactivado la economía puertorriqueña para permitir acceso a los mercados de capital, ha empobrecido más a su población, y, junto a la devastación causada por el huracán María, ha sido directamente responsable por generar un histórico éxodo masivo de puertorriqueños hacia los Estados Unidos, gracias a la imposición de duras medidas de austeridad”, indicaron.
En la carta piden transparencia sobre la JSF y la auditoría de la deuda. Pero, también “menos supervisión y más democracia directa” para la Isla.
«La tragedia del huracán María unió a todos los puertorriqueños y subrayó la falta de urgencia del gobierno de los Estados Unidos para ayudar a su colonia olvidada”, señaló María de Lourdes Guzmán, del MUS y candidata al Senado por San Juan del Movimiento Victoria Ciudadana.
Para los grupos que firman la carta, el Congreso debe tomar nota de que el plebiscito de 2017 – además de la masiva abstención electoral (solo participó el 23%) y el boicot de la oposición política-, puede haber reflejado una baja en apoyo a la estadidad.
Para ello, aluden a que los 508, 862 votos que obtuvo la estadidad en la consulta, promovida por el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), son menos que los 529,663 que apoyaron la soberanía y la independencia cinco años antes en el plebiscito de 2012.
En la segunda pregunta de la consulta de 2012, boicoteada por sectores del Partido Popular Democrático (PPD) que defienden el status actual, la estadidad obtuvo 834,191 (61%).
Las organizaciones – y cerca de 200 individuos que la suscribieron-, instaron al Congreso a areconocer que Puerto Rico tiene “una identidad, cultura e idioma” distintos a los de Estados Unidos.
“Apoyamos y damos la bienvenida a cualquier paso que este comité pueda tomar para resolver finalmente el problema colonial de Puerto Rico hacia una transición organizada para un futuro soberano e independente para Puerto Rico”, en una relación de amistad cercana con Estados Unidos, subrayaron.
Grijalva puede tener en su agenda de 2020 una discusión general sobre el status político de la isla, aunque ha descartado legislar al respecto.
