Washington – El gobierno de Donald Trump reclamó formalmente al Tribunal Supremo de Estados Unidos que revise y revoque la decisión de un foro de apelaciones que declaró inconstitucional los nombramientos de los miembros actuales de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
En el recurso de certiorari presentado el miércoles, el procurador general de EE.UU., Noel Francisco, rechazó la determinación del Primer Circuito de Apelaciones que concluyó que los miembros de la JSF son funcionarios federales de alto nivel, por lo que deben ser designados directamente por el presidente de EE.UU. y confirmados por el Senado federal.
“Nunca se ha entendido que la cláusula (constitucional) de nombramientos se aplica a los oficiales territoriales o restringe la autoridad del Congreso para establecer gobiernos territoriales”, indicó Francisco en el recurso, suministrado esta tarde a El Nuevo Día.
Como ha argumentado también la JSF, el procurador general insistió además en que si se mantiene la decisión del Primer Circuito de Apelaciones se abre la puerta a cuestionar la constitucionalidad de que el gobernador de Puerto Rico, aunque se trata de un puesto electivo, e incluso los funcionarios de su gobierno tengan que ser confirmados por el Senado estadounidense.
“La decisión del tribunal de apelaciones amenaza con alterar la estructura gubernamental de todos los territorios de los Estados Unidos”, sostuvo.
Francisco, a su vez, consideró que la decisión del Primer Circuito de Apelaciones, por amenazar con dejar inoperante a la JSF efectivo el 16 de julio próximo, puede socavar la recuperación fiscal de Puerto Rico, en medio del proceso de reestructuración de la deuda pública.
Francisco expresó la preocupación de que la incapacidad para operar de la JSF, que controla las decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico, cause un caos judicial “en el que los 32 acreedores de la isla compitan” por los recursos públicos de la isla.
“No se puede decir si quedará algo para las escuelas, los departamentos de policía y bomberos de Puerto Rico, los hospitales, los tribunales, los refugios, los jubilados y otras personas que dependen de fondos gubernamentales”, indicó Francisco en el recurso, el cual firma junto a otros abogados de su oficina.
