Washington – En una asamblea en Washington D.C., decenas de miembros de la diáspora puertorriqueña debatieron el sábado las nuevas avenidas que pueden haberse abierto para asistir a Puerto Rico y sus comunidades, después de las masivas movilizaciones que forzaron la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares a la gobernación.
Convocados por 15 de grupos – encabezados por Boricuas Unidos en la Diáspora e incluidos representantes de organizaciones de la isla-, los participantes pasaron revista a los extraordinarios sucesos del verano y dialogaron sobre cómo insertarse desde Estados Unidos a los reclamos de la isla a favor de una política limpia, más cerca de las comunidades, que promueva la cancelación de la gran parte de la deuda pública de Puerto Rico y el fin del colonialismo.
En muchos resurge el optimismo de que puede haber una nueva era de activismo ciudadano, fuera de los cercos que impone la política tradicional.
“Es la primera vez que siento que hemos dejado atrás a los partidos” políticos de Puerto Rico, dijo Francoise Mugnano, quien desde la zona de Washington D.C. colabora con el grupo pro transparencia “Más claro no canta un gallo”.
Daniel Meléndez, por su parte, reconoció la apertura que hay a la pluralidad de ideas, el avivamiento del interés en el futuro de Puerto Rico desde la diáspora, pero tuvo sus dudas de si al final “vamos a poder trascender la agenda partidista”.
José Gutiérrez, residente en la zona de Washington D.C. durante dos décadas y activo en la organización Democratic Socialists of America (DSA) – cercana a políticos como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio Cortez-, sostuvo que la asamblea del sábado fue la primera vez en que estaba junto a tantos puertorriqueños discutiendo los asuntos de la isla. “Me perdonan, pero estoy emocionado”, dijo.
La ‘asamblea de pueblo’ – que se desarrolló casi todo el tiempo en español y tuvo lugar en un salón de la Escuela de Derecho de la Universidad George Washington -, tuvo como inspiración las cerca de 60 reuniones ciudadanas que se han dado principalmente en la Isla, pero también en ciudades de Estados Unidos – como Nueva York y Pittsburgh (Pensilvania) – y otros países.
Armando Santiago Pintado, coordinador en Puerto Rico de las campañas de la coalición Hedge Clippers, sostuvo que fue “una sorpresa para los organizadores” de las protestas iniciales la forma y manera en que se masificaron, principalmente a raíz de los cargos por corrupción en contra de ex altas funcionarias del gobierno y contratistas y la divulgación del vergonzoso chat en la que Rosselló Nevares y cercanos colaboradores se mofaban e insultaban a amplios sectores del pueblo puertorriqueño.
Pero, advirtió que no puede hablarse de que la revolución del verano de 2019 fuese un movimiento espontáneo. “Orgánico sí, pero no espontáneo”, dijo, al indicar que fue la explosión de una olla de presión en que se han cocinado décadas de indignación del pueblo, entre otras cosas por la venta de la Telefónica, los bombardeos en Vieques, los problemas de la educación pública, el agravamiento de la corrupción, y, principalmente, el fracaso de los gobiernos de Puerto Rico y EE.UU. para responder adecuadamente a la emergencia que causó el huracán María, y las medidas de austeridad que han impuesto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras públicas de la Isla y el mismo gobierno electo de Puerto Rico.
“El país entero vio cómo la corrupción cobraba vidas”, sostuvo Santiago Pintado. En ese sentido, acentuó que “no es casualidad que en el siglo 21 no haya revalidado” ni un solo gobernador de Puerto Rico.
Los representantes de los grupos Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA), Manuel Rivera, y Diálogo Soberanista, Luis Toro Goyco, afirmaron que es el momento para presionar en Washington y San Juan por una Asamblea Constitucional de Status, ante el fracaso de los pasados plebiscitos en generar alguna acción concreta.
“El movimiento orgánico que se crea en Puerto Rico nos dio una esperanza increíble a aquellos de nosotros que creíamos que la soberanía de Puerto Rico no era posible durante nuestra vida”, dijo el exconcejal municipal de Filadelfia Ángel Ortiz, quien se propone regresar a la isla después de medio siglo en Estados Unidos.
Rivera sostuvo que a nombre de su organización enviará una carta al presidente de EE.UU., Donald Trump, para denunciar el comentario que se le atribuye haber expresado en querer cambiar a Puerot Rico por Dinamarca, como si el futuro político de la isla fuese una broma.
En las asambleas de Puerto Rico, las preocupaciones recurrentes han sido las demandas para que se audite la deuda, la protección del medo ambiente, la corrupción, la falta de transparencia en el manejo de la administración pública, las acciones de la Junta de Supervisión Fiscal JSF) que controla las decisiones públicas de la isla por encima del gobierno electo de la isla y el desplazamiento de los puertorriqueños, indicó Issel Masses, de las organizaciones “Más claro no canta un gallo” y “Sembrando sentido”. “El pueblo no se va a quitar”, sostuvo Masses.
Gretchen Sierra Zorita, activa en varios grupos de la diáspora, destacó también la importancia de tomar acción en contra de la corrupción pública. Según Masses, la corrupción en el sistema de contrataciones públicas cuesta entre $740 millones y $3,100 millones anuales.
María Torres, de la organización Diáspora en Resistencia, exhortó a los boricuas a acercarse continuamente a sus congresistas, sobre todo en sus actividades de distrito y hacerle llegar sus preocupaciones.
Torres relató como estuvo este verano en un evento de un miembro del Congreso en Fort Lauderdale (Florida), cuestionándole que respalde el proyecto del congresista demócrata Darren Soto (Florida), que impulsa convertir a Puerto Rico en un estado de EE.UU., sin ninguna consulta del gobierno federal a los puertorriqueños y en un período de solo tres meses. Tras la conversación, la persona miembro del Congreso, dijo, le aceptó que había apoyado el proyecto de Soto sin conocer bien su contenido.
Federico de Jesús Febles, asesor senior de la coalición Power4PuertoRico, indicó que la extraordinaria respuesta del pueblo de Puerto Rico a la corrupción y la falta de carácter del gobierno de Rosselló Nevares, tiene consecuencias en Washington, donde el Congreso buscará ahora cómo controlar más las asignaciones a la Isla. “El pueblo de Puerto Rico le dijo al mundo nosotros no somos así”, dijo, pero la divulgación de las actuaciones de Rosselló Nevares y su grupo más cercano “contaminó el ambiente acá”.
Edil Sepúlveda, de la organización Boricuas Unidos en la Diáspora, que busca unir a activistas y organizaciones en EE.UU. que muchas veces no trabajan mano a mano, dijo que la próxima reunión o asamblea puede ser el 14 de septiembre. Para ello, se constituirán grupos de trabajo a base de seis áreas que los participantes destacaron en los debates del sábado: Anticorrupción y Transparencia; Acción Electoral; Participación pública; Descolonización y status; Desarrollo Económico Sustentable; y Comunicaciones y Redes Sociales.
