Coalición de la diáspora rechaza el acuerdo de reestructuración de las obligaciones generales

Washington – Una coalición de la diáspora denunció hoy el acuerdo de reestructuración de la deuda de obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico, anunciado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la Isla.

«El más reciente plan anunciado una vez más pone por delante del pueblo de Puerto Rico a los fondos de cobertura que se han aprovechado de la deuda de la isla. Da vergüenza que estos fondos buitres obtengan un mejor trato que los jubilados, quienes han visto fuertes recortes a las pensiones vitales que han ganado a lo largo de décadas de arduo trabajo, mejor trato que los niños que han visto cerrarse sus escuelas, y mejor trato que las familias trabajadoras que están lidiando con recortes a servicios críticos”, indicó Javier Cuebas, director ejecutivo de la coalición Vamos4PuertoRico.

Cuebas agregó que “en un momento en que la administración Trump está reteniendo sin razón los fondos de ayuda que los puertorriqueños desesperadamente necesitan para reconstruir después del huracán María y los recientes terremotos, la Junta propone más sufrimiento a las familias en forma de austeridad que al corto plazo perjudicará a los que están en la isla, y a largo plazo obstaculizará la reconstrucción de una economía sostenible y próspera”.

El nuevo acuerdo de la JSF con bonistas de obligaciones generales recorta en unos 29 centavos de dólar la deuda del gobierno central. También recorta en unos 24 centavos de dólar la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP).

Según la JSF, el acuerdo reduciría la deuda pública de la isla en aproximadamente 70% y tomaría 20 años en pagarse.

Como parte de la transacción, que deberá llevarse ante la jueza Laura Taylor Swain y la cual el gobierno de Puerto Rico rechaza, la JSF dejó a un lado la intención de pedir que se cancelen unos $6,000 millones de deuda que consideran fue emitida de forma ilegal.

Por su parte, Julio López Varona, codirector de campañas de dignidad comunitaria en el Centro para la Democracia Popular, señaló que la más reciente propuesta de la Junta y los bonistas de obligaciones generales “debe verse como un insulto a la gente de Puerto Rico”.

“Este acuerdo garantiza pagos elevados a fondos de cobertura y corporaciones que pagaron centavos por dólar en bonos que en algunos casos se emitieron ilegalmente. Estos pagos se financiarán recortando las pensiones e imponiendo aún más impuestos a pesar de las complicaciones para (Puerto Rico) recuperarse de los terremotos en curso y el impacto del huracán María. No se deben hacer pagos a Wall Street mientras Puerto Rico lucha por recuperarse. Es imperativo que rechacemos este acuerdo y exigimos la cancelación de la deuda”, agregó López Varona.

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, ha rechazado el acuerdo, por no revisar el porcentaje de recorte a las pensiones.