Washington – La Asociación de Industriales quiere forjar un consenso dentro del sector privado y político sobre las “mejores alternativas” para el Congreso incentivar la inversión de empresas farmacéuticas en Puerto Rico, un debate que resurgió en medio de la emergencia del coronavirus.
“Debemos asegurar que podemos lograr un consenso”, dijo el presidente de la Asociación, Carlos Rodríguez, quien nombró un grupo de trabajo especial esta semana para retomar el análisis de las posibles alternativas y asumir la dura tarea de tratar de armonizar las ideas que han revoloteado en los últimos días.
El debate fue avivado a principios de mes por el diario New York Post, en un editorial, en el que – a raíz de la crisis que genera el coronavirus -, expresó preocupación por la dependencia de Estados Unidos en ingredientes farmacéuticos que se producen en China.
En el editorial, el diario recomendó revivir la antigua sección 936 del Código de Rentas Internas federal que otorgó privilegios contributivos sobre los ingresos de las manufactureras estadounidenses en Puerto Rico, una jurisdicción foránea para asuntos tributarios de Estados Unidos.
Congresista recomienda revivir incentivos
Hace unos días, el congresista republicano Chip Roy (Texas) anunció que presentará legislación para promover la inversión de las empresas manufactureras en Puerto Rico, e hizo alusión directa a revivir incentivos como los que otorgó la sección 936 del Código de Rentas Internas federal.
Al senador demócrata Tim Kaine (Virginia) le pareció una buena idea buscar como promover más producción manufacturera en la isla, mientras el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Charles Grassley, con jurisdicción directa en este asunto, afirmó que Puerto Rico no puede quedar fuera del debate para incrementar la producción farmacéutica en territorio estadounidense.
Grassley, sin embargo, advirtió sobre los abusos que cometieron las empresas con los privilegios tributarios que recibieron a través de la sección 936, que se extinguieron en 2006.
El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá pidió a Grassley y demócratas del Congreso que echen hacia delante una propuesta que permita reducir, con respecto a las empresas que se establecen en Puerto Rico, el impuesto de 13.1% que impuso la reforma contributiva federal de 2017 sobre la propiedad intelectual de las Corporaciones de Control Foráneo (CFC).
El editor de Politica Pública de la revista Forbes, Avik Roy,sugirió, por su parte, eximir de impuestos federales corporativos a los fabricantes de medicamentos genéricos en Puerto Rico y reducir, como sugiere Acevedo Vilá, la tasa del Gilti a las CFC, otorgándole a la isla una tasa impositiva como “nación más favorecida”.
Para mitigar esos beneficios tributarios, Roy recomendó terminar con la exención federal de los bonos que emite el gobierno de Puerto Rico, lo que a su vez, considera, ayudaría a evitar que la isla caiga en un déficit fiscal.
La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, favorece iniciativas que se basen en beneficios tributarios “domésticos” y dijo que impulsa un crédito contributivo federal por salarios, inversión de capital, y compras locales en zonas afligidas económicamente con un nivel de pobreza de por lo menos 35%, lo que beneficiaría a la isla.
En una carta reciente al presidente Donald Trump, la gobernadora Wanda Vázquez Garced abogó por promover la manufactura en los territorios estadounidenses a través de nuevos créditos por la inversión en instalaciones o equipos destinados a crear vacunas y productos farmacéuticos.
En última instancia, como demostró la oposición de la comisionada González y ‘republicanos’ del Partido Nuevo Progresista (PNP) a una propuesta similar a la de Acevedo Vilá – pero, con carácter temporal- hecha por el entonces gobernador y presidente del PNP, Ricardo Rosselló Nevares, se trata de un asunto que se ata al debate sobre el status político de la isla.
Potenciar los beneficios a las empresas foráneas chocaría con la posición del gobierno del PNP de que es posible que Estados Unidos admita a corto plazo a Puerto Rico como estado 51, un tema que no ha avanzado en el Congreso federal.
Presentarán informe sobre beneficios
Rodríguez sostuvo que el grupo especial de trabajo de los Industriales se centrará en presentar un informe con las “alternativas de mayor beneficio” para Puerto Rico y las ventajas que tiene la manufactura en la isla.
Pero, reconoció que se enfrenta a una discusión en la que en ocasiones “muchas no progresan porque cada cual va por su lado”. “En algún momento tenemos que buscar un punto medio sobre alguna de las alternativas”, dijo, en entrevista con El Nuevo Día.
Como presidente de la Asociación de Industriales, Rodríguez encabeza el grupo de trabajo que discute las alternativas para atraer más producción manufacturera a la isla.
El grupo de trabajo lo integran además la exsecretaria de Hacienda Teresita Fuentes; el abogado Carlos Serrano presidente del comité de contribuciones de la Asociación; Carlos Bonilla, abogado expertos en contribuciones; Joaquín Viso, fundador de MOVA Pharmaceutical y MC-21; William Lockwood, quien es presidente de Lockwood Financial Advisors y fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF); Félix Negrón, vicepresidente de Operaciones de Medtronic Worldwide; Wendy Perry, presidenta de la Asociación de la Industria Farmacéutica (PIA) y vicepresidenta de Merck Sales & Marketing; y Silvia Santiago, vicepresidenta para Manufactura de la Destilería Serrallés.
En momentos en que el Congreso termina de aprobar un gigantesco proyecto de estímulo económico y puede recesar durante el próximo mes, debido a la propagación del coronavirus, Rodríguez afirmó que “esta oportunidad tiene una ventana muy corta de tiempo”.
